“No hay otra explicación para entender lo que están haciendo. El Poder Judicial quiere sacarse de encima al que denuncia, al que reclama aumentos, al que pide que la Justicia funcione y al que moviliza”, dijo Jorge Montes a EL DIARIO, cuando dio a conocer que los médicos de la Junta que lo revisaron el viernes último, anticiparon que lo jubilarán.
Montes hace siete meses que está en uso de licencia porque se somete a un tratamiento de diálisis por una enfermedad renal crónica.
Centra toda la esperanza en el trasplante que se realizará en breve, dado que su hermano, quien tiene un 99% de compatibilidad, le donará un riñón.
Los especialistas que lo asisten, como el doctor Gustavo Ancarani, quien es presidente de la Asociación de Nefrólogos de la provincia de Córdoba, afirman que está en condiciones de trabajar. Y agregan que el trabajo es terapéutico, por lo que, lejos de perjudicarlo, traerá beneficios para su salud.
Sin embargo, Montes tiene que afrontar no sólo la batalla contra su enfermedad, sino otra con el Poder Judicial que ya manifestó la intención de jubilarlo, pese al certificado en el que consta que está en condiciones de ejercer su labor de escribiente en Tribunales.
Ya fue a una pericia y a dos juntas médicas. La última fue el viernes 10 y, como le indicaron en la citación, fue con los estudios pre-trasplante y estuvo acompañado por Ancarani.
“Me revisaron bien, no objetaron nada de mi condición física y me retiré del lugar donde los médicos empezaban a debatir de mi situación. A los pocos minutos, sale el doctor Ancarani sorprendido porque los médicos de la Junta le anticiparon que la decisión es jubilarme”, indicó Montes.
Según relató, el argumento que usará el Poder Judicial es la Ley Baremo, que es la que establece un porcentaje de incapacidad a cada dolencia y fija que con un 66% una persona está en condiciones de jubilarse.
Según esa tabla, padecer una afección renal como la de Montes, otorga un 67% de discapacidad, porque no es una enfermedad que se cure.
El hecho de que la pueda superar a través de un trasplante, no cambia la situación, porque el trasplantado, para esa ley, tiene un porcentaje mayor de incapacidad.
“Me sorprende mucho, máxime cuando en Diputados se está tratando la ley del trasplantado que ya tiene media sanción del Senado y que habla de la inserción laboral de quienes tienen un órgano trasplantado”, dijo Montes.
“En cambio, dos de los tres médicos de la Junta, consideran que al quedar inmunodeprimido una persona tras un trasplante, no está en condiciones de trabajar, lo que es una discriminación”, agregó.
Considera que esta insistencia de parte del Poder Judicial responde a su carácter de secretario General, por lo que “es una afrenta a los trabajadores”
“Y voy a defenderme, porque estoy convencido que la batalla que no damos, la tendrán que dar nuestros hijos”, concluyó el dirigente sindical.