Ayer por la mañana se llevó a cabo en el auditorio Sobral, el primer debate público de candidatos a intendente por Villa María, organizado por la comunidad educativa de la Escuela Normal Víctor Mercante.
Con la participación de siete de los diez referentes políticos en campaña (no participaron Eduardo Accastello -quien explicó mediante una carta que en su lanzamiento había propuesto otro debate amplio y con todos los candidatos a concejales y tribunos incluidos- Raúl Costa de Partido Villamariense -porque alegó que si no iban todos, no participaba- ni Jorge Luque de Unión Vecinal Federal), se desarrolló el cónclave con una dinámica habitual: el pronunciamiento inicial de las propuestas de gobierno y luego la respuesta a los planteamientos sugeridos por los alumnos de Nivel Medio. El orden de lectura fue el siguiente: Miguel Olaviaga de la UCR, Carlos Andrada de Encuentro Solidario, Néstor Gea de Proyecto Sur, Leandro Moroncini de Nueva Vida, Marcelo Fita de Movimiento de Acción Vecinal, Silvio Molina del PI y Mónica Sonzini del Partido Obrero.
En general, los candidatos plantearon sus críticas a la gestión actual de Gobierno sin desmerecer algunos avances superficiales. Por ejemplo Gea indicó que “hay una Villa María de la costanera y otra de los barrios”, con un poder “monárquico” (traspaso dentro del matrimonio accastellista) y con 28 años de bipartidismo. También habló de un déficit habitacional y de “200 personas al día que asisten al ANSES para un plan social para poder comer”. Andrada por su parte, puntualizó su mirada sobre el trato policial que “levanta a chicos en la vía pública por portación de rostro”. Con igual tenor enfatizó la problemática Sonzini quien además habló del flagelo de la droga que podría ser combatida desde los MuniCerca, los cuales son “actualmente albergue de punteros y no lugares para tratamientos de estos temas”. Asimismo incorporó la necesidad de crear grupos de delegados vecinales que puedan llevar sus demandas al intendente y controlar sus flujos de dinero, dado que él “es el empleado de sus ciudadanos”.
Por su parte, Olaviaga y Fita se hicieron eco del cumplimiento de la Carta Orgánica para impedir la instalación de plantas de incineración de residuos, como fue la negativa de la comunidad a Innviron aún ante el aval del Ejecutivo y el Legislativo a pleno.
Molina, en tanto, abogó por un Estado garante con “inclusión verdadera”, una mejor atención sanitaria y no un Estado neoliberal, donde “parece que si no hay negocio, no se hace nada”. Moroncini en sus propuestas incluyó “exigir escaleras de incendio en edificios, cámaras de vigilancia, instalar un monorriel y un autódromo a nivel sudamericano, además de tener un gabinete por concurso público”.