A requerimiento del fiscal Francisco Márquez, el camarista René Gandarillas le impuso ayer una pena de cinco años de prisión, con declaración de reincidencia, a un convicto cordobés que el 11 de julio de 2009 participó de un asalto a mano armada a los propietarios de Panadería Serrano de Villa María.
Se trata de Martín Ezequiel Gómez, de 31 años de edad, quien fue declarado coautor responsable del delito de “robo calificado” por uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar.
Gómez, nacido y domiciliado en la capital provincial, y detenido desde tres días después del asalto, fue juzgado junto a Edgar Angel Ferrari, de 44 años, y Carlos Patricio Medina, de 39, quienes comparecieron en libertad.
Ferrari, oriundo de James Craik pero radicado en Villa María, fue declarado autor de “tenencia ilegal de arma de guerra”, “encubrimiento reiterado” y “alteración de numeración de objeto registrable”, delitos por los que se le impuso una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, es decir en suspenso.
En tanto Medina, un villamariense afincado en Los Zorros, estaba acusado como presunto autor de “tenencia de arma de guerra” y “encubrimiento”, pero durante el juicio se probó que nada tuvo que ver con los hechos y finalmente fue absuelto de culpa y cargo.

La investigación

Durante la investigación del asalto a Serrano, la Policía estableció la posible complicidad de Ferrari en el hecho, ya que en una escucha telefónica surgió que tenía relación con Gómez, a quien le facilitaba datos de domicilios para venir a robar a Villa María.
Por otra parte, Ferrari le permitía compartir su departamento a Medina, con quien trabajaba en una empresa de remises de Villa Nueva.
Cuando el 18 de julio de 2009 se allanó el domicilio de Ferrari, la Policía encontró un bolso que contenía tres armas de fuego y a Medina durmiendo en una cama.
Medina, que nada tenía que ver con las armas ni estaba vinculado con Gómez, estuvo detenido por espacio de 10 días, mientras que Ferrari permaneció tres meses entre rejas.

Audaz asalto

El hecho por el que Gómez fue condenado se produjo alrededor de las 4.30 de la madrugada del sábado 11 de julio de 2009, cuando cinco sujetos armados, cuatro de ellos usando capuchas, entraron a la cuadra de la Panadería Serrano ubicada en la esquina de bulevar Vélez Sarsfield y José Ingenieros.
Luego de reducir a un empleado y a todos los integrantes de la familia, algunos de los cuales estaban durmiendo, los delincuentes los encerraron en un baño y se apoderaron de unos 3.000 pesos en efectivo, algunas joyas de oro (entre ellas unas alianzas de casamiento) y una notebook.
Gómez fue detenido apenas tres días después, pero en un procedimiento de rutina por presunta infracción al artículo 98 del Código de Faltas de la provincia, que reprime el “merodeo”.
El reincidente presidiario, con domicilio en barrio Villa Libertador de la ciudad de Córdoba, fue interceptado por personal del Comando de Acción Preventiva que patrullaba el radio céntrico cuando circulaba a bordo de un Ford Fiesta por las inmediaciones de San Juan y Sabattini, frente a Plaza Ocampo.
En un primer momento, Gómez fue alojado en la Comisaría de Distrito por una supuesta contravención, pero con el correr de las horas y a medida que se profundizó la investigación, se determinó que no sería ajeno al asalto perpetrado tres días antes en la conocida panadería.

Otros detalles

Además del juez Gandarillas y del fiscal Márquez, participaron de este juicio oral y público los abogados Juan Antonio Rusconi (defensor de Gómez), Santiago Tovo (Ferrari) y Eduardo Luis Rodríguez (Medina), mientras que la secretaria actuante fue Gabriela Sanz.
Como Gómez fue declarado reincidente, no podrá acceder al beneficio de la “libertad condicional”, que permite la excarcelación una vez cumplidos los dos tercios de la condena impuesta.
En cambio, con buena conducta y oportunamente la autorización judicial correspondiente, podrá solicitar la “libertad asistida”, instituto legal que posibilita salir de la cárcel seis meses antes del cumplimiento total de la pena impuesta, motivo por el cual el convicto cordobés deberá completar cuatro años y medio entre rejas, que se cumplirán a mediados de enero de 2014.