En un encuentro que se extendió por más de dos horas en el Salón Mercosur de la Casa de las Tejas, el poder político provincial recibió un serio pedido de entidades sociales de Villa María para que se esclarezcan el atentado contra Alejandro Roganti, la desaparición de Mariela Bessonart y más de veinte crímenes impunes.
“El Gobierno apoya la solicitud de esta comisión de lograr el esclarecimiento total del Caso Roganti, lo que requiere que los autores materiales e intelectuales sean detenidos y juzgados por la Justicia", dijo Caserio ante una veintena de periodistas que aguardaron en los pasillos de la misma Casa de las Tejas hasta el final del cónclave.
El titular de la cartera política remarcó que la investigación del fiscal de la causa, Daniel Del Vö, “debe llegar hasta el hueso y a la totalidad de las personas involucradas debe caerle el peso de la ley”.
Caserio ofició de anfitrión junto a su par de Justicia, Luis Angulo, y al fiscal General de Córdoba Darío Vezzaro, lo que podría decirse una plana mayor ante la ausencia por vacaciones del gobernador Juan Schiaretti.
Sus declaraciones a la prensa se produjeron luego de una reunión considerada “positiva” por las partes, aunque el encuentro tuvo momentos tensos, fundamentalmente cuando los visitantes expresaron su temor ante la posibilidad de que los autores intelectuales del intento de asesinato sean resguardados por el poder político.
Los altos funcionarios descartaron tal posibilidad y dijeron estar al servicio de las más de treinta instituciones sociales villamarienses para buscar la verdad, aunque “sin interferir con la labor de los fiscales”.
“No se puede pedir más franqueza, más sinceridad, aunque haya sido duro por momentos”, graficó uno de los presentes, entre quienes se contaba Analía Lynch, esposa de Roganti, y Gladys Bessonart, hermana de la desaparecida Mariela.
Por el fallido atentado están detenidos los hermanos Sebastián y Maximiliano Eve (este último en España). En cuanto a los instigadores, la conversación de ayer giró en muchos pasajes en torno al Sindicato de Luz y Fuerza que comanda Eduardo Brandolín.
En cuanto al caso Bessonart, los representantes del Gobierno garantizaron los fondos necesarios para hacer frente al funcionamiento del UtilityScan (un rastreador de restos humanos bajo tierra) solicitado por el fiscal instructor Gustavo Atienza, al Gobierno nacional.
Mary Amaya, titular de Verdad Real y Justicia para Todos, se encargó de reseñar los más de 20 crímenes impunes, entre ello el de su propio hijo.
Un encuentro de fuerte contenido en la capital provincial.