El expediente del caso Mariela Bessonart, la mujer que se encuentra desaparecida desde la mañana del miércoles 28 de setiembre de 2005, ya está en la Cámara del Crimen de Villa María, por lo que en los próximos meses comenzará el juicio oral y público de uno de los hechos más misteriosos y resonantes en la historia judicial villamariense.
Así lo confirmó ayer, al ser consultado por EL DIARIO, el fiscal Gustavo Atienza, quien investiga la desaparición de la mujer. Mientras continúan adelante las diligencias con el fin de dar con el paradero de Bessonart, el fiscal de la Cámara del Crimen, Francisco Márquez, ya tiene en sus manos el expediente que cuenta con la acusación a Rodolfo Delpino, el ex marido de Mariela, como presunto autor del delito de “privación ilegítima de la libertad”.
Fuentes tribunalicias coincidieron ayer en señalar que el expediente es uno de los más grandes de los últimos tiempos en la Justicia local, por debajo del de Solares de la Villa y similar al que llevó a uno de los hermanos Eve a la condena por el atentado al legislador provincial Alejandro Roganti.
La de Mariela tiene 22 cuerpos de expediente, es decir alrededor de 4.400 fojas.
Por esta magnitud, es que se estima que transcurrirán todavía algunos meses para que se inicie el trascendental debate, que será oral y público y con los tres vocales de la Cámara del Crimen.
Trascendió que Márquez le negó a la Querella del caso la posibilidad de que se realice un juicio por jurados populares, ya que no encuadra en los motivos que se requieren para un debate de esta naturaleza. Este había sido un pedido de la conocida abogada cordobesa María Elba Martínez, quien representa a la familia de Mariela.
Atienza había elevado la causa a juicio el año pasado, pero los defensores de Rodolfo Delpino, el único imputado por la desaparición, se opusieron, lo que originó el estudio de la Cámara de Río Tercero, que confirmó la elevación.
El expediente tiene fuertes particularidades, entre ellas la de que se llega a esta instancia sin que se conozca la suerte de la mujer, quien para la ley se presume que ha fallecido. Si murió, entonces parece contradictorio que la imputación sea la de privación de la libertad y tampoco podría ser un homicidio, ya que no hay constancias de que haya sido asesinada.