Escribe: Jesús Chirino

La función que asume una fuerza policial en la sociedad está muy vinculada a la hipótesis de seguridad puesta en juego en cada momento histórico. Más allá de los análisis teóricos que fundamenten esta afirmación, la historia de las diferentes policías en nuestro país aporta elementos que van en el mismo sentido. Cuando en 1936 el radicalismo, de la mano de Amadeo Sabattini, llegó al Gobierno provincial, planteó la implementación de reformas en la Policía provincial que, como es lógico, afectaron la organización de los uniformados de Villa María.

Dos policías provinciales

Cuando Sabattini asumió la Gobernación de Córdoba, la Policía provincial estaba organizada de manera tal que por un lado, se encontraba la de la capital provincial y radio de influencia, en tanto que en el resto del territorio cordobés ejercía su autoridad la denominada “Policía de campaña”. Es necesario apuntar que entre éstas no existían vínculos institucionales y si bien las dos dependían del Ejecutivo provincial, se manejaban con independencia una de otra.

En 1927, siendo gobernador Ramón J. Cárcano, se habían realizado algunas reformas en la fuerza de la capital. Alejandro Argüello, entonces jefe de esa Policía, creó nuevos cuerpos de vigilancia como el de los “Serenos”, y dio origen al servicio de “Maestranza y Suministro”, contratando costureras para la confección de los uniformes. También reglamentó el pago de adicionales por partes de las empresas para que los uniformados provinciales pudieran custodiar los trenes que pasaban por Córdoba, se realizó mantenimiento de los edificios policiales de la capital provincial, incluida la cárcel de contraventores.

Aquel Gobierno planteó que la Policía había descuidado algunas problemáticas que en su Gobierno tendrían que “combatir”, como ser el juego clandestino, la venta de armas y, desde una especial concepción de infancia, la “vagancia infantil”. Pero todas estas medidas estaban relacionadas con la Policía capitalina y, al no hacerse lo mismo con la de “campaña”, se agigantaron las diferencias existentes entre las dos fuerzas policiales.

Dejar de perseguir opositores políticos

En realidad las reformas de Cárcano poco aportaron a un mejoramiento del servicio que se prestaba. En un estudio de su autoría, Osvaldo Barreneche (Universidad Nacional de La Plata) dice “la Policía cordobesa era muy mal vista por la población en general y por la oposición política en particular (especialmente a partir de 1930). Es que los gobernantes conservadores previos a Sabattini la utilizaron, como ocurrió en otras jurisdicciones, para perseguir y encarcelar a los disidentes…”. De esto sabían, y mucho, los radicales que habían sufrido en carne propia la persecución policial. Por ello el radicalismo cordobés había anunciado que de llegar al poder reformaría la fuerza policial.

Cuando se conoció que la UCR asumiría el poder provincial se expresó la resistencia policial a los posibles cambios. El jefe saliente de la policía capitalina, Manuel Villada Achával, el 29 de abril de 1936 difundió la Orden del Día 2.112 en la cual transcribió un decreto del Ejecutivo provincial señalando que el reglamento policial se mantenía “en todo su vigor”. Pero esta suerte de demostración de fuerza de los uniformados que habían sido aliados del poder fascista del ‘30, no tuvo efecto pues apenas asumió Sabattini, junto a su ministro de Gobierno, Santiago del Castillo, encaró la reorganización y profesionalización de la Policía provincial.

Hasta aquel tiempo se daba lo que era conocido como “ascensos graciables por simple simpatía”, es decir, podía lograrse mayor jerarquía en la fuerza por el sólo motivo de un padrinazgo político. Para entender cómo funcionaba en lo cotidiano la Policía, debe recordarse que entonces ésta tenía la función de controlar las manifestaciones ideológicas de sindicalistas, políticos y ciudadanos en general, elevando informes a los gobernantes de turno. Es claro que la hipótesis de seguridad que entonces guiaba el accionar policial pasaba por el control de la oposición política y la organización de sectores que podían generar conflicto social a partir de sus reclamos.

Policía y pueblo

El radicalismo, que al igual que los socialistas había sufrido el accionar de la denominada fuerza de seguridad, llegó al poder pregonando la necesidad de la “fusión de pueblo y Policía”, alentando que la institución asistiera a la población en cuestiones que escapaban a aquello que normalmente era incluido en la tan mentada “seguridad pública”. Se hablaba del “afán de confundir a la institución policial con el medio ambiente”. Este tipo de discurso marcaba una gran diferencia en relación a cómo el poder político venía entendiendo la función de los uniformados. Hasta entonces, la habían utilizado “como elemento de persecución al servicio de intereses políticos, o de represión odiosa en las manifestaciones propias de los conflictos sociales”. Al crear la comisión de Estudio para ocuparse de los excesos que se daban, de manera principal, a partir de los edictos policiales, el nuevo Gobierno reconoció la existencia de esa problemática. Si bien el trabajo de esta comisión no se expresó de manera contundente en la solución de la problemática, sí fue un claro cambio de discurso que, hay que decirlo, sería abandonado por posteriores autoridades políticas que se tornarían reticentes a reconocer exceso alguno.

Se dio una nueva organización a la Policía de la capital y si bien para no otorgarle mayor poder no se unieron las dos policías, sí se le otorgó jurisdicción en todo el territorio provincial a la División Investigaciones.
En relación a la Policía de campaña, organizada según los departamentos en que se dividía la provincia, también se emitieron decretos promoviendo cambios. Entre otras reformas, el 23 de enero de 1938 se dictó el Reglamento para la Fuerza de Campaña (en la quedaba incluida la del Departamento San Martín). En el afán de darle organización y profesionalizar a los cuerpos policiales departamentales se promovió la militarización del personal. Según el Reglamento se hizo con el “propósito de eliminar al simple civil uniformado que, habiendo o no servido al Ejército, se encontraba abocado a una tarea que requiere idoneidad”.
Hay que decir que en la provincia de Córdoba esta profesionalización, en tiempos de Sabattini, fue dirigida por civiles ya que en la campaña las policías departamentales obedecían al jefe político del Departamento. Bajo la autoridad de éstos quedaban todos los integrantes de la Policía: comisarios Generales, comisarios, subcomisarios, auxiliares, sargentos, cabos, vigilantes, meritorios y escribientes.
Por su parte, para los uniformados de la capital las máximas autoridades eran el jefe Policial y el ministro de Gobierno.
Otras medidas adoptadas por el Gobierno sabattinista fueron la Ley Provincial de Indemnización de Empleados de Policía, Bomberos y guardiacárceles; los decretos restringiendo los embargos a policías y eliminando el castigo disciplinario a los uniformados deudores.
En julio de 1939 abrió sus puertas la segunda escuela de Policía de la provincia, la primera había existido en 1913. Si bien estaba dirigida a la Policía de la capital, también formó hombres que luego se alistaron en la campaña. También se intentó promover el escalafón único pero, en la práctica, muchos de los ascensos continuaron dependiendo de los contactos políticos de los policías beneficiarios. Todas las mencionadas fueron algunos de las reformas que el sabattinismo promovió en las policías provinciales.

Sin lugar a dudas que ciertas “costumbres”, que por años habían constituido la cotidianeidad de la fuerza policial, no llegaron a modificarse antes del golpe de Estado de inicio de los años cuarenta y, en más de una oportunidad, aparecían viejos vicios que seguro serán tema de posteriores notas en este espacio.