Una suerte de robo hormiga fue detectado en las últimas semanas en la base local de una empresa transportadora de caudales, líder en el territorio nacional. A raíz de la maniobra -por la cual la prestigiosa firma habría sido perjudicada en una cifra que iría de 220 mil a 250 mil pesos- fueron separados de sus cargos un empleado de jerarquía, con firma autorizada (de los denominados “porta valores”) y un custodio.
La información es mantenida en absoluta reserva por los directivos de la empresa, puesto que defienden “un prestigio de décadas en el plano internacional, que no se puede arriesgar por la actuación de dos empleados menores”.
De cualquier manera, EL DIARIO pudo saber que los empleados infieles serían L. y A. (no se los identifica con todas las letras por no poder contar con una confirmación de parte de la transportadora, que habría optado inclusive por no presentar el caso ante la Justicia).

Modus operandi

L. y A. formaban uno de los equipos que cotidianamente se desplazan en las unidades móviles que parten de la sede de bulevar Sarmiento, para retirar dinero de los bancos y grandes empresas, y para reponer en cajeros automáticos. Esta última actividad no se desarrollaba únicamente en las entidades crediticias, sino en cajeros automáticos que las mismas tienen dentro de establecimientos de envergadura de la región como La Paulina y la ex Nestlé (donde inclusive los empleados cobraban sus haberes) y hasta en estaciones de servicio y grandes superficies comerciales.
Desde hace aproximadamente seis meses, los señalados como responsables de la maniobra dolosa, habrían comenzado a recargar los cajeros automáticos con menos dinero del establecido, para embolsarse la diferencia.
“Por ejemplo, si tenían que reponer 100 mil pesos, reponían 90 mil”, explicaron fuentes ligadas al caso.
Pero, además, en algunos de los puntos citados surgieron reclamos reiterados por la aparición de billetes apócrifos. “Estas situaciones pueden ocurrir, pueden tomarse como algo relativamente habitual, pero no así el nivel de repetición de casos”, indicaron a este medio las mismas fuentes.
Al encenderse las “luces rojas”, los directivos locales pusieron en conocimiento del caso a sus pares provinciales, los que desde su búnker de una manzana -en proximidades de la avenida Fuerza Aérea- comenzaron un seguimiento “muy exhaustivo, muy meticuloso” de los movimientos que se sucedían en Villa María.
En los primeros momentos estuvieron los pasos de todos los trabajadores “bajo la lupa” y, en cierta forma, siete u ocho puestos de trabajo “pendían de un hilo muy fino”.
Pero a poco que fue avanzando la investigación interna, se fueron decantando algunas aguas: el “porta valores” L. y el custodio A. fueron apartados de sus cargos hasta que se concluya el informe final.
El personal de este tipo de empresas tiene remuneraciones con las cuales se trata de contemplar el riesgo y la responsabilidad. Para el caso de L., el salario se situaba entre los 8.500 pesos y los 9.500 pesos, mientras que A. percibía 6.500 pesos, en ambos casos sin computarse las horas extras.
La determinación de apartarlos de sus funciones y enfocar el sumario hacia ellos se habría producido a partir de algunos gastos efectuados que no guardaban relación con sus ingresos, como el pago al contado de un bien por 23.000 pesos, entre otros.
La empresa internacional con base argentina y sede en esta ciudad cuenta con seguros para cubrirse ante posibles robos, aunque habrá que ver qué pasa con este “percance interno”. Por el momento ya se habría hecho cargo “con la seriedad que corresponde”, según las fuentes de este medio.