El arrendatario del campo donde el 2 de julio pasado se produjo el deceso de la pequeña Sabrina Rodríguez rechazó ayer, al comparecer en la audiencia realizada en la Delegación de la Secretaría de Trabajo de Villa María, todas las acusaciones en su contra que realizó el padre de la menor, de acuerdo a los datos insertos en el Acta de la misma que los abogados del denunciado entregaron a EL DIARIO.
Elvio Hugo Bono, el arrendatario del campo situado frente al cementerio de James Craik, rechazó “la denuncia en todos y cada uno de sus términos”, según lo expresaron sus asesores letrados Guillermo Romero y Claudia Vigliano.
Sin embargo, en la misma audiencia, Mariano Rodríguez, asistido legalmente por la abogada Cecilia del Valle Ferreyra, ratificó todos los términos de la denuncia contra Bono e igualmente “rechazó todas y cada una de las manifestaciones vertidas por el denunciado”.
Así, lejos de arribar a cualquier acuerdo durante el primer encuentro entre las partes, celebrado durante el mediodía de ayer en la sede de la Dirección de Conciliación y Arbitraje situada en la planta alta de Garibaldi 210 de esta ciudad, cada uno brindó declaraciones totalmente opuestas.
Los abogados de Bono, al finalizar la exposición, solicitaron “el archivo de estas actuaciones” al sostener “la carencia de todo derecho y razón por parte del accionante”, en referencia al padre de la beba fallecida.
Este, a su vez, sostuvo que el arrendatario “me injuria gravemente” con sus expresiones “por lo que en este acto (la audiencia de ayer) me considero despedido por exclusiva culpa patronal”.
Frente a las posiciones totalmente opuestas, el inspector de la Secretaría de Trabajo, Jorge Alberto Maldonado, dispuso elevar las actuaciones a la superioridad para que adopte una resolución al problema laboral planteado entre Rodríguez y Bono, previendo que “en caso que hubiese lugar, se apliquen las sanciones previstas en la Ley 8.015”.

Dijo Bono

Durante la audiencia de la víspera, los letrados que asistieron a Bono negaron que el papá de la pequeña fallecida “haya trabajado bajo las órdenes del compareciente desde el 10 de marzo de 2010 u otra fecha posterior, bajo la categoría y régimen legal que invoca”, por lo que “se niega toda existencia de vínculo laboral como también el desarrollo de las tareas de cuidados de animales invocada”, así también “la jornada de trabajo y los ingresos denunciados”.
El arrendatario, asimismo, negó que Rodríguez “haya trabajado de lunes a lunes” y sostuvo que no tiene obligación alguna “de registrar el vínculo que cita el denunciante ni tampoco emitir documentación laboral o recibos de haberes ante su inexistencia”.
Por esta razón, fueron calificadas como “improcedentes, por carecer de todo tipo de sustento fáctico y jurídico” las denuncias efectuadas por Rodríguez ante la Justicia Federal y la AFIP.
Así también, el arrendatario rechazó que “el denunciante haya vivido en lo que entiende antes fuera un palomar, como también las condiciones” en que manifestó haber ocurrido y “que el inmueble que ocupara tuviera techo de chapa o se encontrare en malas condiciones”.
Bono negó, además, que Rodríguez “no haya tenido acceso a la entrada y salida del predio rural, como también que la puerta principal estuviera siempre cerrada con candado”, al tiempo que calificó como “falsa la expresión del denunciante de que no lo dejara salir del campo”.
El arrendatario, por intermedio de sus abogados, declaró que “no se desconoce el lamentable deceso de Sabrina Rodríguez, lo cual profundamente lamentamos”, pero negó “que la causa de la muerte de la misma se deba a las supuestas razones que invoca el actor (el padre de la menor)”, como son el frío y las malas condiciones de la vivienda.
Bono también negó “adeudar los rubros estrictamente reclamados como diferencia salarial, haberes de junio 2011”, aguinaldo “y cualquier otro rubro que se pretenda generar”, precisamente porque no existió vínculo laboral entre ambas partes.
En este punto de las declaraciones, Bono informó que, “por el lapso aproximado de cuatro años, mantuvo una relación contractual con Mario Alberto Ledesma (cuñado de Rodríguez) bajo la modalidad de contrato asociativo de explotación tambera”, que finalizó el 30 de junio de este año.
Por esta razón, apuntaron los abogados de Bono, “Ledesma, en su condición de tambero asociado, se obligó como sujeto agrario autónomo a ser responsable por las obligaciones emergentes de la legislación laboral, seguridad social, por su grupo familiar, familia extensa y sus dependientes”, al tiempo que consideraron “importe más que suficiente para afrontar salarios de peones contratados”, los 13 mil a 14 mil pesos liquidados mensualmente” a favor de Ledesma como tambero asociado.
Asimismo, Bono sostuvo que fue precisamente Ledesma, junto a Rodríguez, quienes “le solicitan, por favor, se le permitiera vivir (a éste) en un inmueble precario” y que “ante la insistencia (de ambos) consentí la ocupación”, apuntando que lo hizo “por razones humanas”.
Por lo expuesto, Bono sostuvo que la ocupación del lugar donde falleció la menor de 3 meses el segundo día del corriente mes, fue producto de una acción “voluntaria” del padre de la misma y añadieron que tal decisión se registró “sin haber existido jamás de mi parte exigencia alguna de permanencia en el mismo, ni tampoco restricción a su libertad ambulatoria y de su grupo familiar”.
En relación a la muerte de Sabrina, Bono declaró que, “por los medios de prensa” tomó conocimiento que “la causa fue por muerte súbita” y estableció que, por ello, no existe “relación directa o indirecta” con las razones que invoca su progenitor y subrayó que “la niñita tuvo un parto prematuro”.

Dijo Rodríguez

Acto seguido, como se adelantó, la profesional que patrocina a Rodríguez dijo que es “falso” que éste haya trabajado en relación de dependencia para Ledesma, al punto que su cliente desempeñaba labores “en un predio rural distinto donde era la explotación tambera”, siempre “como peón rural” y que jamás realizó tareas de tambo.
Precisó que debía atender 38 animales, a los que “jamás Bono, mientras permanecí en el campo, vino a alimentar”.
Rodríguez agregó también “realicé (labores) de palear maíz y tareas que Bono me mandaba, siempre bajo sus órdenes (y) jamás bajo las órdenes de mi cuñado”.
Asimismo, Rodríguez ratificó las condiciones precarias del lugar donde moraba con su familia e insistió en que “todos los accesos estaban cerrados y que de modo alguno se daba cumplimiento a lo establecido en la nueva resolución del 5 de abril de 2011 de UATRE (gremio de peones rurales), en cuanto a las condiciones que debe tener una vivienda”.
Respecto a las razones de la muerte de su hija, Rodríguez sostuvo que “no es el señor Bono quien debe valorar las causas del deceso, sino la Justicia Penal que, de hecho, lo está investigando”.
Para Rodríguez, al negar todo, Bono trata “de desvirtuar el vínculo laboral que nos unió a los fines de evadir sus obligaciones laborales”, a la vez que manifestó sentirse gravemente injuriado por “la actitud manifiestamente maliciosa por parte de la patronal”.
Cabe recordar que Sabrina Rodríguez murió el 2 de julio pasado, cuando se encontraba en el interior de la precaria construcción rural, junto a sus padres y varios hermanos menores de edad, episodio que mereció la atención de los medios periodísticos y que en los días subsiguientes planteó un grave problema que se ventila en los ámbitos del Ministerio de Trabajo, por un lado, y de la Justicia Federal, por otro.