La jueza Cecilia Fernández viene ordenando desde hace dos meses un promedio de tres exclusiones de presuntos agresores a diario, según reveló ayer la magistrada en una extensa entrevista con EL DIARIO, en la que hizo severas críticas al Gobierno de la provincia de Córdoba, por la falta de elementos para actuar en casos de violencia y minoridad.
Fernández indicó que desde el 3 de junio está en vigencia la nueva legislación (la Ley 9.944), que cambió la competencia de los jueces de menores de la provincia.
Recordó que “en su momento se trabajó mucho con, a mi criterio, una ideología vinculada a la conveniencia de los niños, la de trabajar en pos de la desjudicialización de los mismos”.
“Antes, el Juzgado intervenía hasta en situaciones de corte social, ahora nosotros sólo seríamos una especie de juez de Control, ante medidas que se toman desde el Poder Ejecutivo”, señaló.
En este sentido, apuntó que en cuestiones relacionadas a la educación y la salud u otras facetas (siempre hablando de menores) “antes se reclamaban y tramitaban en la Justicia de Menores, hoy en día lo lleva a cabo el Poder Ejecutivo de la provincia”.
Ante estos cambios, la funcionaria consideró que “algunas cuestiones debieran haberse mantenido bajo la esfera del Poder Judicial, pero veremos cómo se van desarrollando los hechos y cómo trabaja el Poder Ejecutivo con los cuerpos técnicos”.
- ¿Cuáles son esas cuestiones que debieran haber quedado bajo la órbita judicial?
- Por ejemplo, cuando se procede el retiro de un niño del ámbito familiar. Se puede tomar esa medida desde el Poder Ejecutivo y recién en caso de que se quiera revisar la determinación del Ejecutivo aparece el juez. No tenemos más injerencia en todo esto. Y a veces, para una medida de tanta significancia, como es el retiro de un niño de su hogar, es menester hacer una evaluación desde la Justicia a efectos de no conculcar sus derechos, pero bueno, así dispuso la ley. Si se ve que no funciona, presumo que existirá la inteligencia para cambiar esto.
- De todas maneras, concuerda con la desjudicialización...
- Claro. Lo social debe ser atendido por el Ejecutivo, el Poder Judicial no está para eso. La ineficiencia del Gobierno ante reclamos sociales llevó a que todo derive en la Justicia, por eso me parece bien que ahora se haga cargo.
- ¿La desjudicialización es una decisión del Gobierno provincial o nacional?
- No, es una derivación de la Convención de los Derechos del Niño. Comparto la no judicialización, porque si hay algo que le hace mal al chico es la judicialización. Puede ser más sano que ante determinado cuadro se trabaje desde la escuela, desde la salud, desde el organismo que coordina las políticas de minoridad y no traerlo frente a un juez.
- Esta nueva ley trajo aparejada modificaciones respecto al tratamiento de la violencia familiar. ¿En qué consiste?
- En su mayoría, ahora intervengo en causas de violencia familiar. Lo que antes estaba a cargo de cinco jueces, ahora todo corresponde a este Juzgado. Con el agravante de que nosotros teníamos, respecto a los niños, aceitado el aparato de control, a través del municipio, de los CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) y con organismos de la provincia. Veníamos trabajando muy bien.
- ¿En cuanto al abordaje de la violencia, cuál es la situación?
- Carecemos de lo más elemental para trabajar. La ley 9.283, que regula la violencia familiar, prevé que debe haber cuerpos de constatación de la violencia familiar y en la ciudad esto no existe. Es algo que depende del Ministerio de Justicia provincial y tiene como objetivo verificar la situación cuando se formula la denuncia. Recibimos entre seis y siete causas de violencia por día. No tenemos quién vaya a constatar lo que dicen, tomamos la medida en función de la denuncia y no hay quien haga el control y seguimiento de la decisión. La unidad de constatación de hechos denunciados debe estar las 24 horas del día y está en vigencia desde 2006 por ley, pero no se puso en marcha. Tomamos la medida de acuerdo a lo que parece y no hay quien controle. Se toman las medidas sin escuchar al denunciado y sin saber qué va a pasar: yo no sé si cumplen lo dispuesto.
- ¿Está de acuerdo conque sea la Justicia la que interviene en casos de violencia?
- Creo que nunca se debió haber judicializado, salvo en casos puntuales. La judicialización de la violencia crea más violencia. En situaciones concretas claro que es menester que intervenga. Pero en esta provincia ocurre que las leyes se hacen para calmar reclamos sociales, pero no se brindan a los jueces los elementos para trabajar como corresponde. La ley es buena cuando es posible. No corresponde decir que es una buena ley si no tenemos cómo trabajar. Después la sociedad dice que no hacemos las cosas correctamente.
Creo que no es bueno para la población que se haya concentrado en el interior de la provincia la competencia en violencia familiar en jueces que rendimos para ser jueces de menores.
- Usted dijo que toma medidas sin escuchar al denunciado por violento. ¿Por qué?
- Son medidas cautelares de urgencia. Cuando viene alguien y denuncia que está amenazado de muerte... está bien... el objetivo es proteger a la víctima. Pero hay que recalcar que no existe lugar para alojar a las víctimas.
- ¿En lo juvenil-penal continúa teniendo la misma competencia?
- Sí, con el agravante de que no hay fiscales ni asesores de menores en el interior, ni hay Cámara de Menores en toda la provincia. No existe garantías para un menor que comete delitos. Acá, quien investiga y declara la responsabilidad, luego aplica las penas. No es lógico. En adultos, todos sabemos que los fiscales investigan y acusan, pero luego juzga una Cámara, conformada por funcionarios distintos a los que instruyeron el caso. En menores no es así, lo que significa una violación a las garantías.
Hay que advertir que existe una acordada del Tribunal Superior de Justicia que permite a los jueces inhibirnos de entender cuando elevamos una causa a juicio, para que juzgue otro magistrado.
La Cámara está instituida por ley, pero nunca se puso en práctica. Hace cuatro años que integro el Consejo de la Magistratura, pero nunca se llamó para cubrirla. En esta provincia nunca se respetó a los niños. Después nos rasgamos las vestiduras diciendo lo contrario.