Para Nuevo Encuentro, que en el orden nacional sigue los lineamientos de Carlos Heller y Martín Sabbatella, la política de seguridad en la provincia de Córdoba “debe ser integral, respetando los derechos de todos y todas de una manera efectiva”, para lo que se propone, entre otras cosas, “la creación de un Ministerio de Seguridad provincial, articulado con el Ministerio de Seguridad nacional, a fin de no superponer roles y funciones y efectivizar el uso de las políticas en general y de las fuerzas de seguridad nacional (Gendarmería, Policía Federal y Aeroportuaria)”.
Para esta fuerza, que postula para la Gobernación al titular de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), Eduardo Fernández, se debe propender a un gobierno civil de las fuerzas de seguridad, con generación de políticas integrales de seguridad”.
Pero uno de los puntos centrales es “la derogación del Código de Faltas vigente y la reforma de la legislación de seguridad pública y privada”.
Ello porque “el 49% de los 54.500 arrestos efectuados durante 2010 por la Policía, afectó a menores de 25 años; y para Córdoba capital, el porcentaje se eleva al 70%. Sin embargo, no se puede afirmar que a mayor cantidad de presos y detenidos ‘preventivamente’ por el Código de Faltas, exista una reducción de delitos”, según comentó el propio postulante a EL DIARIO.
Para él, es necesaria además “una reforma policial que modifique la estructura, funciones y prácticas de la institución” y “potenciar la utilización segura de los espacios comunitarios, articulando con los municipios una planificación del espacio urbano para disminuir la estigmatización construida sobre determinados espacios, barrios y zonas, así como en el equipamiento urbano y los servicios que garantizan los derechos sociales básicos”.
Se pronunció además por “promover una reforma estructural del Poder Judicial para poder garantizar la viabilidad de las propuestas de seguridad”.
Y agregó que se debe “promover la participación ciudadana en el diseño y ejecución de políticas de prevención de delitos” y “revisar la normativa que exige certificado de buena conducta para cualquier empleo en blanco, para promover la resocialización de quienes hayan cumplido una condena”.