“Se nos acusa de obstaculizar la administración municipal, oponiéndonos a la designación de personal. Es obvio que eso es imposible ya que este Tribunal (de Cuentas) no tiene competencia sobre las designaciones.”
Con estas palabras, José Naselli y Gustavo Maristany respondieron a las críticas que le hizo el Gobierno local frente al rechazo de algunas órdenes de pago correspondientes a los servicios prestados por personas que cumplen funciones en el ámbito de la Universidad Popular.
“No nos oponemos a la incorporación de personal pero seremos inflexibles en que dichos nombramientos se realicen de acuerdo a las normas legales”, señaló una resolución emitida ayer por los mencionados tribunos.
La decisión de los miembros del Tribunal consta de dos partes. Por un lado, dieron el visto bueno al pago de dos órdenes a personas que prestaron servicio en los Centros de Promoción Familiar remplazando a trabajadores que renunciaron o se acogieron a los beneficios de la jubilación.
En este aspecto, mencionan que “atendieron” la solicitud teniendo en cuenta que la Carta Orgánica “prioriza la asistencia social a los menores”.
No obstante, observaron los nombramientos en la Universidad Popular ajustándose a la letra de la COM que exige que toda incorporación de personal sea autorizada por el Concejo Deliberante.
Para los tribunos, las autoridades municipales “nombraron personal sin cumplir con los requisitos legales” como es la aprobación del cuerpo legislativo en tareas previsibles y no de “situación límite”.
Con este fundamento, no avalaron las demás órdenes presentadas por el Ejecutivo relacionadas con empleados de la tecnoteca, inaugurada en junio.
“Russo (titular de la Universidad Popular) ha omitido negligentemente solicitar la autorización al Concejo”, expresaron los tribunos.