De manera contundente y sin eufemismos, el juez laboral Osvaldo Mario Samuel, dijo en un fallo que “es evidente que el Estado municipal ha actuado en abierto fraude laboral, contratando personal informalmente para una actividad tan sensible y delicada como el cuidado de niños en situación de vulnerabilidad”.
La contratada en cuestión es Lilian Ester Cuello, quien se desempeñaba en horario nocturno en el hogar La Marietita, como responsable del cuidado de los 11 niños.
Allí trabajó desde 2005 hasta que el funcionario Javier Casano, -según indica en la demanda- le comunica verbalmente un cambio en las condiciones de trabajo desmejorando “sensiblemente su situación laboral, además de reducirle el sueldo” fijado en 400 pesos.
Cabe señalar que Cuello, como cientos de trabajadores municipales -no hay un número preciso-se desempeñan bajo la figura legal del facturante, es decir que no tienen los derechos de otro trabajador, como vacaciones, obra social, aportes jubilatorios, licencia por enfermedad o maternidad.
En cambio, deben aportar a la AFIP como monotributistas y sino van a trabajar,, no cobran.
La demanda de Cuello fue presentada después de sentirse despedida tras la modificación de su condición de trabajo.
Tras el envío de telegramas a la entonces intendenta Nora Bedano y de realizar reclamos administrativos, la mujer decidió recurrir a la Justicia representada por la abogada Cecilia Binia.
Allí, la Municipalidad dijo que no se trataba de una empleada en relación de dependencia y que por lo tanto, no tenía lugar el reclamo.
Tras el análisis de las pruebas y testimonios presentados por la defensa de Cuello -el juez señala que los letrados de la Municipalidad no presentaron pruebas-, Samuel falla parcialmente a favor de la empleada y le ordena pagar los haberes caídos durante el desempeño de Cuello en La Marietita.
Decimos que falló parcialmente porque no le dio lugar al reclamo de indemnización, dado que no se consideró formalmente despedida en la correspondencia previa con la Municipalidad, requisito indispensable para que tenga lugar el reclamo de la indemnización dado que, el otro instrumento legal del despedido es el telegrama que por supuesto, Cuello no recibió.
De todos modos, el fallo que se dio a conocer ahora, pero que data de setiembre de 2010, ordena a la Municipalidad pagar 16 mil pesos a la trabajadora y 3.500 pesos a la abogada que la representó.
Como transcurrió el tiempo y la Municipalidad no abonó, el 23 de junio de este año, el mismo magistrado dispuso un embargo a las arcas municipales; por lo que finalmente, pagaron la deuda con Cuello y la Justicia levantó el embargo.
Más allá del caso particular, los fundamentos del fallo de Samuel generarán precedente para sostener un viejo reclamo de los facturantes que cumplen la función de trabajadores pero no gozan de sus derechos.

El caso de la tecnoteca

El fallo del juez Mario Samuel salió a la luz cuando los tribunos de Cuenta de la oposición lo citaron para fundamentar el rechazo a la insistencia de la aprobación de las órdenes de pago para los facturantes contratados en la tecnoteca durante el período de veda fijado por las elecciones. Como en la insistencia el intendente dice que no rige la veda dado que no se trata de empleados, sino facturantes, los tribunos le recordaron el fallo citado arriba.