A un año de haberse conformado una comisión investigadora, los concejales de Villa Nueva no llegaron a ninguna conclusión respecto a qué ocurrió entre la jueza de Faltas, Lilián Sosa, y el titular de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, Fabián Pastorak.
Por unanimidad, el Concejo Deliberante había aprobado en agosto de 2010 un proyecto de ordenanza a través del cual se constituyó una comisión investigadora que tuvo como fin “indagar sobre las situaciones acaecidas en la Secretaría General de Gobierno, a cargo (en ese entonces) de la señora Sandra Bossa, en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana a cargo del señor Fabián Pastorak y en el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas a cargo de la doctora Lilián Sosa, relacionados sobre el proceder de los funcionarios públicos mencionados y los empleados de las áreas correspondientes”.
Todo había comenzado cuando Pastorak se preguntó en una nota con EL DIARIO por qué razones la jueza de Faltas no había clausurado geriátricos a pesar de que las condiciones lo ameritaban, según su visión. Esto había surgido a raíz de la clausura de un establecimiento para personas de la tercera edad a causa de las características que presentaba.
La respuesta de Sosa fue con un escrito que remitió a los ediles en el que denunció implícitamente actos de corrupción en el personal que está bajo las órbita de Pastorak.
Si bien, por norma, la comisión no tiene fecha para expedirse, se presume que ha pasado un tiempo por demás prudencial para alcanzar alguna conclusión.
El grupo está compuesto por el presidente del cuerpo parlamentario, Mauro Bizzarri y miembros de las tres bancadas: Carla Alzugaray, por Unión por Córdoba-Frente para la Victoria; Javier Pérez, por la Unión Cívica Radical, y Olga Vivas, por Todos por San Martín, bloque unipersonal.
El mismo será disuelto “una vez que haya emitido por escrito el dictamen e informe final de la investigación llevada adelante”, según la letra de la ordenanza.
Consultado ayer por EL DIARIO, Bizzarri argumentó que se recolectó información de ambas partes y que hubo diversas reuniones, pero admitió que no han resuelto nada.
“Tenemos que expedirnos”, declaró.

@ Sobre Díaz, tampoco

También hace un año, los concejales aprobaron, en este caso por mayoría, la creación de una comisión para investigar la labor de Alejandro Díaz, el ex secretario de Finanzas y Gestión Pública y ex secretario de Gobierno del municipio que conduce Guillermo Cavagnero.
En este caso, fue impulsado por la radical Sandra Bailone y apoyado por los otros dos legisladores de la oposición y el presidente del cuerpo parlamentario.
El origen de esto se dio luego que el Tribunal de Cuentas advirtiera sobre una situación irregular de ingreso de dinero de la asociación mutual (AMASA), no cumpliéndose con el convenio firmado con la misma. El monto había ingresado al municipio en un sobre de papel madera.
Si bien la comisión fue vetada por el intendente, los cuatro concejales decidieron investigarlo desde la comisión General y no desde una comisión especial decretada por ordenanza.
En este caso, poco se avanzó, según admitió Bizzarri en la víspera.
Díaz ya no está más en el Gobierno porque pasó a cumplir funciones en el Ministerio de Agricultura de la Nación. Ante esta circunstancia, la investigación “podría quedar trunca”, confesó el propio titular del órgano legislativo, aunque aclaró que “eso lo resolverán los integrantes de la comisión”.