Para Luis Rey, asesor Letrado de la Municipalidad de Villa María, no hay que tomar al pie de la letra “como si fuera un delito, cuando el juez habla de fraude laboral”.
Al ser consultado por EL DIARIO, el letrado explicó que se trata “de diferentes concepciones” sobre la registración laboral.
El fallo que fue publicado ayer por este medio estableció que Lilian Cuello, una facturante que reclamó diferencia de haberes, era en realidad una trabajadora informal y que el Municipio incurría en “un abierto fraude laboral”, condenando al Estado local a pagar esa diferencia de haberes.
“Desde la Corte Suprema para abajo, hay distintas consideraciones. Porque hay casos, como el de los profesionales independientes, que son claramente bien encuadrados como facturantes y monotributistas; otros en los que es más discutible”, dijo Rey.
En la nota, el letrado aclaró dos conceptos. Uno, que en el caso de la trabajadora que ganó la demanda “no se trataba de facturante sino de una figura diferente que se denomina subsidiada”, pese a que eso no es ni considerado en el fallo del juez.
El otro concepto es que, aun entendiendo que se trata de trabajadores informales, los facturantes no adquieren el derecho de personal de planta “porque para ello es requisito indispensable el nombramiento. Sin eso, podrán cobrar indemnización como un trabajador pero no adquirir los derechos del personal de planta permanente”, aseguró.
Por su parte, Cecilia Binia, la letrada de la empleada, dijo que le parece importante el fallo que le da la razón y entendió “que genera un precedente importante porque es el Estado el que debe dar el ejemplo cumpliendo la ley sin tener trabajadores informales”.
Señaló que se siente bien con el resultado de la demanda “aunque costó cobrar, porque pasaron cinco años hasta poder hacer efectivo el pago, para lo cual debimos trabar embargo”, concluyó.