La asesora Letrada de la Municipalidad de Villa Nueva, María José Pedernera, confirmó ayer que la Justicia villamariense elevó a juicio la causa por la usurpación de una vivienda del plan de Cáritas en barrio Las Quintas, que le correspondía a una niña que fue trasplantada de riñón.
Esa casa, situada en calle Derqui, fue ocupada ilegalmente en abril de 2010 luego de permanecer deshabitada durante tres meses. Una ordenanza había autorizado la ocupación de la misma (una de las 46 viviendas del plan Nuestro Hogar IV) por parte de la familia de Yazmín Gómez, una niña de 9 años que en ese entonces esperaba un trasplante y pasaba ocho horas diarias en diálisis. El adjudicatario original nunca había tomado posesión de la vivienda y por eso una ordenanza aprobó lo de la nena.
La unidad habitacional quedó en manos de una familia con cinco hijos, liderada por Mauricio López, quienes decidieron instalarse al encontrarse sin techo y al conocer que no había nadie allí.
Desde que se produjo la usurpación, comenzó un conflicto que nunca tuvo solución. La primera reacción de Cáritas fue apuntar hacia el Gobierno al denunciar que la familia ocupante había revelado que llegaron allí al ser enviados por la comuna, lo que provocó fuego cruzado entre el Ejecutivo y la entidad diocesana.
El papá de Yazmín presentó una denuncia penal en la Justicia de Villa María y se inició un largo proceso que involucró varios intentos de resolución extrajudicial. Según el Gobierno, hubo ofrecimientos para la familia usurpadora a fin de que abandone el hogar, pero todos fueron rechazados.
En tanto, y afortunadamente, la pequeña fue intervenida quirúrgicamente y se recuperó de manera favorable.

Ahora, a juicio

Tanto el papá de la pequeña como desde el municipio, confirmaron en la víspera a EL DIARIO la noticia de la elevación a juicio del proceso.
“Así lo dispuso el fiscal Daniel Del Vö y ahora esperaremos a ver qué resolución adoptan los jueces. Es una lástima, porque se desaprovecharon oportunidades para no llegar a esta instancia”, fue lo único que expresó Pedernera, funcionaria judicial de la comuna villanovense.
El caso tiene como imputado a López por el delito de “usurpación”, que es reprimido con prisión de seis meses a tres años.
Sobre el particular, el artículo 181 del Código Penal de la Nación establece que se aplicará la sanción antes descripta a quien…
“1º) por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad, despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;
2º) para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo;
3º) con violencia o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble.”
Como consecuencia de la escala penal prevista por dicha norma legal, se trata de un delito excarcelable, motivo por el cual López se encuentra en libertad y comparecerá en el juicio oral en ese estado.