Escribe:
Diego Bengoa

La supervisora de Nivel Medio de la Regional Villa María - Marcos Juárez, Silvia Ballarino, envió ayer a directivos de escuelas una Guía de Intervención Escolar relacionada al consumo o presencia de drogas en los establecimientos educativos. Un día antes, ya la había obtenido la directora del IPEM 147 Manuel Anselmo Ocampo, Mirta Karpow y en la víspera llegó al correo electrónico de otras autoridades.
“Su lectura es muy importante” porque “nos informa cómo actuar en una situación de presencia de droga en la escuela y sobre cómo trabajar desde que suponemos que está presente hasta en las ocasiones en que puntualmente se hace visible”, resaltó la inspectora en su comunicación con los directivos. Y advirtió: “Poder darnos el tiempo para reflexionar sobre cómo actuar es fundamental a fin de que la situación de sorpresa, angustia y tensión que la misma provoca no nos haga cometer errores propios de quien necesita resolver una situación que, mientras está presente, genera dolor a todos aquellos a quienes involucra”.
Ballarino consideró que la misma debiera trabajarse con todos los docentes.
Esta guía llega a los colegios días después de generarse una situación dramática en uno de los IPEM de Villa María, cuando se halló a un alumno con una cantidad importante de cocaína.
EL DIARIO decidió preservar desde que sucedió el hecho en qué establecimiento ocurrió esto para evitar la estigmatización que padeció en mayo pasado el Ocampo, cuando un grupo de estudiantes fue amonestado por beber fernet dentro del establecimiento. Eso había originado la confesión pública de su directora ante el alarmante incremento en el consumo de drogas.
El nuevo episodio que puso en el tapete la problemática de las adicciones se originó el viernes, cuando una directora de un colegio secundario local decidió dar aviso a la Policía ante la presencia de drogas en poder de un alumno. Esto molestó sobremanera al Gobierno provincial, según pudo confirmar ayer EL DIARIO. Quien conduce esta escuela habría eludido a la Inspección y tomó la decisión de hacer la denuncia sin dar parte a la supervisora, lo que cayó como un balde de agua fría. Ayer, fuentes de esta institución de Nivel Medio subrayaron el apoyo a la directiva por parte de varios docentes, hartos del consumo de sustancias nocivas y comercialización por parte de algunos adolescentes.
A la Inspección le habría caído muy mal que la Policía irrumpiera en el establecimiento (ante el llamado de quien lo conduce) y se llevara detenido al joven delante de sus pares.
La guía en cuestión está elaborada por Juan Carlos Mansilla, Delia Provinciali y Lucrecia Esteve De Lorenzi, con la colaboración de Enzo Regali, Susana Berardo, Daniel Eduardo López Molina y Gerardo Canavese.
En el afán de luchar contra la accesibilidad a las drogas (legales o ilegales), tiempo atrás la Secretaría del Ministerio de Gobierno reunió en una misma mesa de discusión a autoridades del Ministerio de Educación, de la Justicia Federal y de la Policía de la provincia de Córdoba; lo que derivó en este documento.
En el mismo, Mansilla (secretario de Sepadic) advierte que “al aparecer la escuela como un lugar particularmente valioso para nuestra comunidad y para la construcción de ciudadanía”, la Justicia Federal y la Policía provincial “replantearon su accionar a efectos de proteger ante todo a la comunidad educativa, no sólo de la circulación de drogas, sino también de posibles formas de intervención jurídico-represivas que descuiden lo delicado de la institución que está en juego: la escuela”.
La guía busca ser una herramienta “de orientación” para proteger al estudiante, al docente y a la escuela ante estos problemas. En el documento advierten que si bien en algunos colegios la problemática es más visible, “estas situaciones se dan en la mayoría de las escuelas con menor o mayor frecuencia, y se encuentran por ello, en potencial riesgo”. Y se sostiene que una situación de esta naturaleza puede ser convertida en una “oportunidad de acompañamiento para quienes lo necesiten, y favorecer así el crecimiento institucional”.
En el documento se remarca que “no hay una única respuesta exitosa ni una sola intervención salvadora frente a problemas”: “Si bien cuando se presenta tenencia o consumo de sustancias debemos actuar de inmediato, esto no quiere decir que la respuesta deba ser irreflexiva. En todo caso, tenemos que tomarnos el tiempo necesario para organizar nuestra intervención”.
Esa respuesta debe entenderse (aclararon) “como la puesta en marcha de un proceso a largo plazo, tendiente a instalar una política preventiva permanente y sistemática dentro de la escuela”.
Los profesionales subrayaron que en esta problemática “tenemos que actuar respetando la integridad” de los adolescentes.
Para resolver el problema de drogas, se pacta un trabajo interinstitucional, en el que intervienen el Ministerio de Educación (el equipo docente de la escuela afectada, sus directivos, el supervisor y el Programa Provincial de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación son las principales instancias de este organismo), la Secretaría de Coordinación en Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Gobierno (Cepadic), a través de su área de Prevención, la Policía de la provincia de Córdoba (se aclara que cuando el problema suscitado implique el hallazgo dentro de la escuela de sustancias que posiblemente sean drogas ilegales, intervendrá un área de la Policía provincial específicamente capacitada para actuar con los cuidados necesarios en el ámbito escolar) y la Justicia Federal.
En el documento se plantean tres tipos de situaciones críticas que conllevan modelos de abordaje diferenciados. Y se brindan sugerencias que permiten a los directivos, docentes, preceptores y psicopedagogos elaborar estrategias de intervención teniendo en cuenta cada caso particular. (Ver recuadros con las síntesis de cada situación).