La tesis doctoral de Blanca Lemus, la docente e investigadora mexicana que estuvo ayer en Villa María, giró en torno a los efectos en la salud de los trabajadores de una empresa azucarera de su país que había sido privatizada en los ‘90.
Con la privatización llegó el despido de la mitad del plantel. También la diversificación de tareas que obligaba a un trabajador especialista en un área, a trabajar en otra. ¿Qué consecuencias trajo esto a la salud?
“En primer lugar, hay que señalar que no es usual que se hable de salud. En las asambleas los trabajadores hablan de salarios o cuestiones monetarias, pero no de salud”, indicó.
En su investigación, Lemus -a quien la empresa privada no dejó trabajar dentro del predio- se reunía con los trabajadores en el sindicato y así fue como comenzaron a hablar del tema. “Al socializarlo, se enteraban que otro padecía los mismos problemas que él”, dijo, al referirse a enfermedades como hipertensión arterial o pérdidas auditivas.
Así fue que detectó que el temor a perder el trabajo, el hecho de que los nuevos jerárquicos no sean miembros de la comunidad y que los trataban sin respeto y la diversificación de tareas, provocaron una situación generalizada de estrés “que se reflejó en más accidentes laborales, más problemas de salud, más alcoholismo y mayores conflictos familiares”, dijo Lemus.
A partir de allí, Lemus entiende que no se puede hablar de salud laboral “dado que ese concepto está basado en la interrelación del trabajador con su espacio de trabajo, de ese espacio con la ciudad y de la ciudad, con el mundo”, por lo que prefiere hablar de “salud de la comunidad”.
Entiende que para recuperar esa salud perdida, el Estado debe cumplir el rol de regulador para asegurar que cada persona acceda a derechos básicos como el agua, los alimentos, una vida digna y un trabajo que le satisfaga. “Esto se puede lograr en base a redes solidarias, a un rol activo del Estado que lamentablemente no contempla el capitalismo depredador”, concluyó.