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La muestra fotográfica por la verdad y la justicia a su llegada a la Escuela del Trabajo |
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“Seguimos esperando que la Fiscalía valore la prueba que tiene reunida y produzca alguna novedad”, dijo ayer Alejandro Roganti en conversación con un periodista de este medio.
El dirigente social baleado en la puerta de su casa el 14 de abril último, reveló además que en las próximas horas acudirá a entrevistarse con el fiscal de instrucción Daniel Del Vö, para entregarle algo que recibió recientemente.
Al ser consultado sobre la documentación que aportaría a la causa, indicó que se trata de “una nueva constatación de que el teléfono con el que se comunicaron los hermanos (Sebastián y Maximiliano) Eve tras el atentado pertenece a Miguel Valente”.
Los Eve se encuentran detenidos e identificados como los autores materiales del atentado. El primero de ellos está alojado en el penal de Bouwer, en cercanías de la capital provincial, y el otro en España, desde donde será extraditado. Y Valente es la mano derecha y socio del secretario general del sindicato de Luz y Fuerza Eduardo Brandolín, del que Roganti fue expulsado luego de su denuncia sobre negociados y enriquecimiento ilícito.
Valente se desempeñaba como encargado de la Casa del Estudiante ubicada en Deán Funes y la Cañada, de Córdoba capital, donde además vivía. En los últimos días se habría mudado de ese edificio.
El mismo se presentó con un abogado ante Del Vö para pedir que aunque lo imputara por el intento de asesinato, lo mantuviera en libertad.
Pero el titular de la Fiscalía prefirió no avanzar en tal sentido, “posiblemente para no abrirle el expediente”, sostienen fuentes tribunalicias.
Entidades
Mientras tanto, las más de treinta entidades que reclaman el esclarecimiento de este hecho y de otros más de veinte que permanecen impunes, aguardan la respuesta a un pedido de audiencia que realizaron al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Armando Andruet.
La semana pasada, representantes de esta multisectorial estuvieron reunidos con el ministro de Gobierno Carlos Caserio, el de Justicia Luis Angulo y el fiscal General de la provincia, Darío Vezzaro.
Ayer, estas instituciones llevaron la muestra fotográfica que refleja el accionar por la justicia desde el IPEM Manuel Ocampo a la Escuela del Trabajo. La muestra irá posteriormente al Nacional. En cada establecimiento, representantes del nucleamiento dialogan con los alumnos acerca de la necesidad de hallar la verdad.
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