Frente al eminente fin de las AFJP, en muchos medios de comunicación aparecen representantes de estas aseguradoras manifestando preocupación por la suerte de los trabajadores que aportaron a esas empresas.
En realidad están preocupados por su pérdida de ganancia, pero suena mejor decir que se ocupan de la suerte de los trabajadores.
Para no escribir mucho, nos pareció interesante recordar lo que EL DIARIO publicó el sábado 16 de octubre de 2004. En la noticia se ve cuánto le preocupaban los trabajadores, en este caso los propios, a una AFJP en Villa María. Dice que de muestra basta un botón.

En la volanta de la nota se leía: “Son 16 las personas que quedaron sin trabajo en ProRenta”.
El titular señalaba: "Fuimos obligados a renunciar".
Y el texto del artículo era el siguiente: “Son 16 las personas que perdieron su puesto de trabajo en la filial local de la AFJP ProRenta durante la jornada del jueves. De esta manera, se confirma lo que adelantó EL DIARIO sobre la cesantía de empleados en la Aseguradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. No obstante, Denis Simone, supervisor encargado de este grupo de trabajadores, aseguró en la edición de ayer de este medio que “aquí no hubo despidos ni suspensiones. No estoy autorizado a decirle más. Remítase a la oficina de Recursos Humanos, en Capital Federal”.
Ayer se confirmaron las cesantías y los trabajadores, respaldados por la CTA y el abogado laboralista Diego Sobrino, hablaron con la prensa. Aquí, comienza un conflicto que, temen, pueda repetirse en otras AFJP.

@Crónica de una renuncia obligada

Un grupo de empleados relató la experiencia de lo que ven como un despido encubierto mediante la coacción. “Nos encerraron en una oficina y nos iban llamando de a uno o dos para comunicarnos que debíamos firmar la renuncia, pero después no nos dejaban vernos ni hablar entre nosotros, de modo que nadie sabía lo que estaba pasando. Luego, el propio Simone nos llevaba en su auto hasta el correo y nos decía cómo teníamos que llenar el telegrama. Y para rematarla, nos quería entregar los cheques en la vereda del mismo correo. Nos presionaron psicológicamente. Nos obligaron a renunciar, mediante la coacción y la privación ilegítima de la libertad. Vamos a iniciar acciones penales en la Justicia y acudiremos al Ministerio de Trabajo”, aseguraron los empleados. Entre los cesanteados hay personas de distintas localidades de la región, tales como Monte Maíz, Marcos Juárez, General Deheza y Bell Ville.

@Posición de CTA

A raíz de este conflicto laboral, inmediatamente, la CTA fijó su posición, que hizo pública mediante un comunicado de prensa firmado por Camilo Rodríguez, José Luis Bernabé y Jesús Chirino, el cual transcribimos textualmente:
“Los trabajadores fueron despedidos y, de manera perversa, se los coaccionó de manera tal que se vieron obligados a firmar sus renuncias. El violento y lamentable procedimiento fue llevado adelante, por parte de la empresa, por el psicólogo que está a cargo de la oficina de Villa María, Denis Simone y Patricia Villasuso. Es claro que estos profesionales no actuaron por iniciativa propia, sino que estamos frente a una política de esta AFJP que se presenta con la frase ‘su futuro en buenas manos’. Las ‘buenas manos’ de ProRenta ejercieron la violencia para violar derechos elementales y obligar a los trabajadores a que suscribieran sus renuncias. Ante la situación que se ha generado por la imposibilidad de registrar pases de beneficiarios y la perversidad de algunos ejecutivos, advertimos que esto puede llegar a ser una política imitada por otras aseguradoras. Debemos estar alertas porque este violento procedimiento puede llegar a ser moneda corriente en las diferentes oficinas regionales de las AFJP.

En Villa María fueron despedidos 16 trabajadores de la ciudad y de las vecinas Bell Ville, Marcos Juárez y General Deheza. Todos fueron citados a la sede de la empresa para una supuesta reunión. Cuando llegaron allí esperaron más de una hora y luego notaron que nadie se reuniría con ellos, por el contrario eran invitados, de uno en uno, a charlar con miembros de la empresa en una oficina cerrada. A los que quedaban esperando se les pidió que prendieran una radio como forma de impedir que escucharan lo que se charlaba en la sala contigua. Cuando esos encuentros con el representante de la empresa terminaban, los trabajadores no podían regresar a comunicarles las novedades a sus compañeros que continuaban la espera con la imposibilidad de salir del local o de hacer una llamada telefónica. Así fueron pasando uno a uno y, a todos, se les señaló que algún día podían regresar a la empresa y obligándoseles a ‘renunciar’. Luego, el psicólogo encargado de la oficina, en su propio vehículo, los trasladó a la oficina local del correo y les dictó el contenido de los telegramas. También allí les impidió hablar entre ellos. Claro que todo esto sucedía bajo amenazas... La delegación de la CTA está trabajando con su asesor legal para hacer las presentaciones correspondientes ante la Superintendencia que controla la actividad de las AFJP, la delegación local del Ministerio de Trabajo, el Colegio de Psicólogos y la Justicia ordinaria por la coacción y la violación de los derechos humanos de los trabajadores”.
Regional Villa María de la Central de Trabajadores Argentinos