“Ya pusimos en marcha la investigación. Ahora debemos anoticiar de este proceso al señor juez y en pocos días más estaremos citando a personal de Cablevisión para que venga a declarar al Juzgado; queremos saber si, efectivamente, hay una decisión de no cumplir con una resolución judicial y quiénes tomaron esa decisión”.
Las palabras pertenecen al fiscal Federal Julián Falcucci, quien ayer confirmó a EL DIARIO que la causa iniciada contra la empresa de televisión por cable sigue su curso.
El funcionario, quien acaba de reintegrarse a sus labores habituales tras una licencia, recordó que a mediados de año el juez Mario Eugenio Garzón le había ordenado a Cablevisión que rebajara el abono mensual de 143 a 109 pesos, pero la firma decidió no cumplir la resolución judicial.
Ante esta situación, Falcucci resolvió iniciar una investigación para determinar si se cometió el delito de “resistencia o desobediencia a la autoridad”, tipificado en el Artículo 239 del Código Penal de la Nación.
Dicha norma legal establece que “será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
Al ser consultado por este matutino, el fiscal sostuvo que “el doctor Garzón me delegó esta tarea y tengo previsto llevar a cabo una serie de medidas”, entre las que mencionó “citar a personal de Cablevisión para saber si, efectivamente, hay una decisión de no cumplir con una resolución judicial y quiénes tomaron esa decisión”, precisó el titular del Ministerio Público.
“Si efectivamente hay una intención de no cumplir con la orden judicial -continuó- deberemos determinar quiénes son los responsables y cuáles son las razones que los llevan a no cumplir esta medida”.
Preguntado sobre si convocará solamente al personal jerárquico de Cablevisión, Falcucci respondió de manera elíptica, al señalar: “Vamos a ir despacio y comparecerán quienes tengan que hacerlo”.

Todo empezó...

Cabe recordar que el incidente jurídico se originó en una demanda presentada por el concejal Carlos De Falco y el auditor General Ricardo Borsato, aunque ambos en simple carácter de vecinos de la ciudad, quienes presentaron ante la Justicia Federal un amparo como usuarios del servicio de televisión por cable, con el agregado de una medida cautelar en la que le pidieron que la factura se ajuste a lo dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
Pese a que el juez Garzón ordenó a la empresa que facture 109 pesos y que una Cámara Federal le dio parcialmente la razón, Cablevisión nunca cumplió la orden judicial.