El fiscal Federal rosarino Gonzalo Stara lamentó ayer que “sólo esté acusado Ramón Genaro Díaz Bessone por las privaciones ilegítimas de la libertad”, al pormenorizar la prueba reunida en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en el caso de la denominada Masacre de Los Surgentes.

Fusilamientos

El hecho ocurrió el 17 de octubre de 1976, cuando fueron asesinados en esa localidad del sur cordobés siete presos políticos que permanecían secuestrados en el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario.
Stara lamentó que de los seis imputados en la causa Díaz Bessone, que juzga delitos de lesa humanidad cometidos en esta ciudad durante la última dictadura, sólo el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército esté acusado por los fusilamientos de los siete detenidos, y nada más que por su secuestro y no por los tormentos que sufrieron durante su reclusión en el Servicio de Información y los posteriores asesinatos.
“También se encuentran acreditados los secuestros, las torturas y los asesinatos de las víctimas que fueron arrojadas en Los Surgentes en una clara maniobra para borrar las huellas de los delitos cometidos”, dijo ayer el representante del Ministerio.
“De la documental que intenta darle legalidad a estos homicidios, confrontados con la verdad y con los testimonios brindados en este juicio, surge a la clara la finalidad que tenían” los represores, abundó Stara.

Las víctimas

En el juicio oral y público de la causa Díaz Bessone, que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, sólo se juzgan los secuestros de cuatro de las siete víctimas de la Masacre de Los Surgentes, explicó ayer el fiscal.
Según detalló Stara en la audiencia de la mañana de ayer, se trata de las privaciones ilegítimas de la libertad de Analía Murgiondo, Eduardo Felipe Laus, José Antonio Oyarzábal y Daniel Oscar Barjacoba.
El listado de víctimas se completa con María Cristina Márquez, Cristina Costanzo y Sergio Abdo Jalil, quienes junto a sus compañeros de detención ilegal fueron trasladados desde ese centro clandestino ubicado en el centro de Rosario el 17 de octubre de 1976, para aparecer asesinados en un camino rural cercano a la localidad cordobesa de Los Surgentes, ubicada junto a la ruta provincial 6, a 140 kilómetros de Rosario y a 165 de Villa María.

Testigos

Varios testimonios de sobrevivientes brindados en el juicio oral de la causa Díaz Bessone señalaron que las víctimas de Los Surgentes permanecieron detenidas y fueron sometidas a tormentos en el Servicio de Información durante 1976.
Entre otros, el fiscal Stara recordó ayer los testimonios de Carlos Pérez Rizzo, Gustavo Píccolo y Ana María Ferrari, quienes identificaron a las cuatro víctimas cuyos casos se juzgan en la causa Díaz Bessone como detenidos en el Servicio de Información de la Policía rosarina.
“El paso de las víctimas de Los Surgentes fue negado en el Servicio de Información”, recordó ayer el fiscal, al hacer referencia al intento de la burocracia del terrorismo de Estado por rechazar la detención previa de las víctimas acribilladas a balazos.
“Carlos Pérez Rizzo da cuenta no sólo de que Analía Murgiondo estuvo en el Servicio de Información, sino que era interrogada por el propio (jefe del centro clandestino, el fallecido Agustín) Feced, y ante la resistencia de ella Feced mandó a buscar a la hija para utilizarla en la sala de torturas”, abundó el fiscal.
El representante del Ministerio Público también recordó que en 1985 los cuerpos de las siete víctimas de la Masacre de Los Surgentes “fueron incinerados” en el cementerio San Vicente de esa localidad.

Imputados

En la causa Díaz Bessone, cuyo juicio lleva más de un año y transita su etapa final, también están imputados los ex policías José Rubén Lo Fiego; José Carlos Scortechini; Mario Alfredo Marcote y Ramón Rito Vergara; y el civil Ricardo Miguel Chomicky, acusado de complicidad con la represión ilegal.