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El juez Roque Ramón Rebak, uno de los tres integrantes de la Sala B de la Cámara Federal, que vuelve al Juzgado Federal de esta ciudad (foto de archivo) |
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La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, integrada por Abel Sánchez Torres, Roque Ramón Rebak e Ignacio Vélez Funes, solicitó al Juzgado Federal de Villa María que profundice la investigación en un caso de megaevasión sojera y si además del fraude existió "lavado de activos".
Los magistrados pidieron además que se investigue separadamente a los productores que vendieron la soja en el "mercado negro" y al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que debería haber investigado y controlado a la mutual implicada.
La AFIP también
Además, los camaristas solicitaron a la propia Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que realicen "actuaciones administrativas" para investigar si agentes de esa entidad no intervinieron en la operatoria para obtener las cartas de porte con las que se realiza la venta de la soja.
Cabe consignar que, como quedó dicho, uno de los integrantes de la Cámara es Roque Ramón Rebak, quien ya fue tritular del Juzgado Federal de Villa María y remplazará en breve en esa función a Mario Eugenio Garzón, quien asumió ayer en la ciudad de San Francisco.
Los magistrados consideraron que, por lo descubierto hasta el momento, los supuestos "jefes" de la asociación ilícita serían Miguel Angel Seri, Guillermo Daniel Boldorini y Alberto Daniel Jáuregui.
Aparentemente fueron creadas dos empresas fantasmas -“Superficies SA” y “Graneros SA”, las que utilizaron "prestanombres", quienes incurrieron en "delitos tributarios", supuestamente a través de la mutual de Camilo Aldao, que en virtud de un amparo judicial evitaba controles nacionales.
"Asociación ilícita"
La Cámara Federal de Córdoba estimó que se incurrió efectivamente en el delito de "asociación ilícita" con el propósito de evadir impuestos por unos 600 millones de pesos resultados de la venta de soja y solicitó a la AFIP que investigue si alguno de sus agentes incurrió en incumplimiento funcional.
Por otra parte Se resolvió dejar en libertad al único sospechado que estaba encarcelado. Se trata de Fernando Baeza, quien pagó una fianza de 250 mil pesos.
De los 29 procesamientos iniciales quedan en pie, a la fecha 21, en esta causa que investiga las operatorios irregulares con 800 toneladas de soja utilizando supuestamente a la Mutual Defensores de Boca Juniors de Camilo Aldao.
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