Los tribunos de la oposición rechazaron el subsidio por 200 mil pesos otorgado por la Municipalidad al Ente para el Desarrollo Productivo por algunas cuestiones formales y también por entender que la operatoria podría convertirse en “un armazón jurídico administrativo que podría derivar en un ilícito penal”.
Inicialmente, el democristiano José Naselli y el radical Gustavo Maristany señalan que “el papel que se utiliza no lleva membrete alguno y las firmas de los representantes no se encuentran certificadas por ningún notario” y anticipan su decisión de “observar y rechazar la orden de pago por constituir un acto contrario a las disposiciones legales y conforme a las razones y argumentos que enseguida se exponen”.
Entre esos argumentos, los revisores de Cuentas dicen sospechar que “mediante distintos acuerdos, pactos o contratos, se va materializando la decisión del señor intendente municipal (Eduardo Accastello) de lograr la prestación del servicio aéreo”.
“Así se ‘arma’ una ‘cadena’ de obligaciones contractuales, del municipio con el EDP, de éste con el Eninder y de éste con MacAir Jet SA, que por el principio del carácter transitivo de las obligaciones, siempre la Municipalidad de Villa María es la responsable primaria y última de todas las responsabilidades que se asumen por la prestación del referido servicio aéreo”.
Naselli y Maristany dicen luego no saber “si ha existido una ‘elusión’ premeditada de la intervención necesaria del Concejo Deliberante en todo este fárrago contractual”.

“Se ignoró al Deliberante”

Y agregan: “El intendente, utilizando la intermediación del EDP, pone al erario de la Municipalidad de Villa María como último y principal responsable de gravísimas cargas y obligaciones, ignorando la necesaria participación del Concejo Deliberante”.
Más adelante indican que es su obligación “advertir al intendente de esta inexplicable falencia” y “al mismo tiempo estamos compelidos a observar una orden de pago dirigida a financiar obligaciones asumidas en el contexto de contrataciones, acuerdos o convenios que no cumplen lo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal”.
“La forma en que se ha manejado el Ejecutivo, mediante estas tortuosas vías de intermediación, donde un tercero (Eninder) compromete al municipio, no nos deja otra alternativa que el rechazo... Nuestra responsabilidad nos obliga a expresarle al intendente que, luego de leídos los acuerdos reseñados (EDP - Eninder y Eninder - MacAir Jet SA) surgen gavísimas objeciones... Nuestras objeciones no van encaminadas a obstruir o demorar, la concreción de ninguno de los objetivos propuestos por el intendente, en orden al avance de las obras y servicios que van a beneficiar a los vecinos. Pero sí debemos advertirle como que es una obligación ética hacia su persona, que del análisis de esos elementos, surge la posibilidad de que este subsidio se convierte en una de las piezas de un armazón jurídico administrativo que podría derivar en un ilícito penal”, concluyeron en un extenso pronunciamiento.