Dos de los tres tribunos de Cuenta de la Municipalidad de Villa María, José Naselli (Democracia Cristiana) y Gustavo Maristany (Unión Cívica Radical), rechazaron el decreto por el cual el intendente Eduardo Accastello busca prestar al municipio villanovense medio millón de pesos.
Los revisores de Cuenta de la oposición villamariense expresaron en el escrito, a través del cual comunicaron su determinación, la “extrañeza por la curiosa técnica legislativa que utiliza el municipio de Villa Nueva para aprobar el Acuerdo de Hermanamiento” con Villa María, criticando el accionar de los ediles (los oficialistas, que fueron los que lo aprobaron).
Guillermo Cavagnero le había pedido por nota a la administración liderada por Eduardo Accastello el medio millón de pesos, hecho que lo facultaba la polémica ordenanza de hermanamiento. Entonces, el intendente de Villa María dictó un decreto por el cual dispuso otorgar un subsidio reintegrable por ese monto. “Si bien el señor Cavagnero habla de ‘préstamo’, y el señor Accastello habla de ‘subsidio reintegrable’, vamos a dejar de lado los tecnicismos y considerar a esta operación (se la denomine como se la denomine), como una asistencia económica y financiera temporaria y que debe ser reintegrada”, advirtieron los tribunos.
Naselli y Maristany se manifestaron extrañados “sobremanera” por “la ausencia de ayuda de organismos superiores, como ser la Nación y la provincia”. Los funcionarios destacan que son conscientes de lo que significa para los trabajadores la demora en el pago de los sueldos, pero recuerdan que no son responsables de esto y que se deben a los vecinos villamarienses.
Accastello había imputado el egreso de dinero al Programa 2011 y a la Partida 1.1.1.04.13 del Presupuesto General de Gastos 2011. “Este decreto es violatorio del artículo 64 de la COM, que dice con toda claridad que todo gasto debe ser previsto en el Presupuesto y es nula toda disposición u ordenanza que disponga lo contrario. Y agrega que toda modificación del Presupuesto deberá hacerse por ordenanza especial, que deberá contemplar la creación del recurso y no podrá afectar gastos a rentas generales. A su vez, el Artículo 120 inciso 8 impone la doble lectura y la mayoría calificada para sancionar la ordenanza”, indicaron los tribunos. “En el decreto no se dice cuál es el importe que eventualmente se le asignaría a la partida. Y para remate, tampoco se expresa cuál es la partida (o partidas) a disminuir, para incrementar la partida creada. ¿Falta algo más?: sí. Tampoco sabemos si se va a incrementar o no el monto total del Presupuesto vigente”, recalcaron.
“Resulta elemental preguntarse de dónde provendrá el dinero para cumplimentar el Decreto 1.093, si la partida creada por el 1.091 no tiene, que sepamos, un solo peso en su haber”, añadieron.
Luego, en relación a la razón del préstamo, los funcionarios de Cuenta apuntan que no hay que olvidar que “no estamos frente a negocios del ámbito privado, sino ante una relación crediticia de carácter público”. “¿Cómo pueden estos tribunos cumplir con la obligación de controlar la motivación del gasto, si el decreto que lo dispone no trae motivación alguna?”, se preguntan. “No nos explicamos cómo puede ser que se obvie, se soslaye, la motivación del gasto, cuando nuestra COM en su Artículo 85 dice claramente que los actos administrativos deberán ajustarse a las formalidades y requisitos exigidos por la misma.”
“El erario de Villa María no es una institución de beneficencia. Si al municipio de Villa Nueva le aquejan problemas financieros, ignoramos la magnitud, la extensión de esos problemas. No se acompaña un solo estado contable. No hay un solo informe económico financiero. No se da la más mínima pista de para qué, concretamente, se necesita el dinero. Se dice, por los periódicos, que es para pagar sueldos. Pero: ¿debemos como tribunos guiarnos por lo que dice la prensa? ¿De dónde va a sacar el dinero el municipio “hermano” para devolver en tiempo y forma lo que ahora se le entrega? Los dineros que se pretenden prestar, provienen de los impuestos, tasas y contribuciones que los propietarios, comerciantes, emprendedores, y vecinos de Villa María abonan día a día. Esos vecinos, son los verdaderos propietarios de los dineros públicos, y los intendentes, los concejales y demás funcionarios son simples administradores”, concluyeron.