Una investigación realizada por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en nuestra ciudad y otros siete municipios de la provincia, muestra las fuertes inequidades vividas por las mujeres al interior del mundo del trabajo. El estudio explica cómo los planes de empleo no se orientarían a acciones tendientes a revertir las inequidades que padecen las mujeres en el mercado laboral, sino a facilitar el acceso al trabajo por parte de mujeres pobres y con hijos a cargo, ubicándolas en actividades que son extensiones del rol reproductivo que se les atribuye históricamente y en muchos casos recluyéndolas al ámbito del hogar.
La investigación fue llevada a cabo por Leticia Echavarri, Javier Moreira Slepoy y Carlos La Serna, del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) de la UNC. El trabajo ha sido elaborado en base a entrevistas efectuadas a agentes claves de Bell Ville, Río Cuarto, San Francisco, Cruz del Eje, Unquillo, Jesús María, Laboulaye y Villa María.
La investigación explica que el argumento de que varones y mujeres son iguales puede invisibilizar las trabas que sufren las mujeres en sus trayectorias laborales. “Desde el derecho liberal se piensa en una igualdad formal, impulsada desde los albores de la revolución democrática bajo el lema todos somos iguales ante la ley”, explican los autores de la investigación y agregan: “En el uso de criterios meritocráticos, que tienen base en el criterio de igualdad formal, se esconden las trabas que sufren las mujeres en sus trayectorias laborales relacionadas, entre otros aspectos, al trabajo reproductivo que se les ha asignado en exclusividad en la división sexual del trabajo. Es que cuando hablamos de discriminación de las mujeres y de la consecuente necesidad de la implementación de medidas de tipo afirmativas, referimos a la posibilidad de terminar con la subordinación de las mujeres en cuanto a grupo. En la definición de igualdad, en este caso, se imposibilita visualizar como se perpetúan pasadas y presentes discriminaciones”.
Para los autores de la investigación fue peculiarmente significativo, que los mismos entrevistados que celebran la igualdad existente entre hombres y mujeres (rechazando de pleno la utilización de medidas especiales que den espacio a las mujeres) reconocen al tiempo, la carga del trabajo reproductivo que pesa casi exclusivamente en las mujeres.
Algunos de los entrevistados en el trabajo sostienen dichos como que “en realidad, la mujer está ocupando un lugar bastante protagónico ¿no?, nuestra intendenta es una mujer”. Al respecto, los investigadores explican que este recurso de sostener que hombres y mujeres ocupan iguales posiciones mediante la ilustración de un caso concreto del cual se tiene conocimiento, es engañosa. “El entrevistado pasa por alto el dato que según un estudio efectuado en 16 países de la región, de un total de casi 16 mil municipios, las mujeres representan sólo el cinco por ciento de sus intendentes o alcaldes. Como así también, que la proporción promedio de América Latina en general y de cada uno los países en particular, poco ha variado desde la década de los ‘80. Tampoco ha variado el patrón territorial de ubicación de las intendentas, casi la mayoría en municipios rurales y pequeñas ciudades”, afirma La Serna.
La investigación señala que las medidas tendientes a facilitar la articulación por parte de las mujeres de sus roles productivos y reproductivos parecerían contar con un alto grado de consenso por parte de los agentes municipales. Por su parte, la promoción de medidas tendientes a modificar la división sexual del trabajo imperante y, en este sentido, remover las relaciones de poder establecidas, serían rechazadas casi de plano. Los autores afirman que la percepción dominante es que la mujer “puede” salir a efectuar trabajo productivo, siempre que siga efectuando correctamente su original trabajo reproductivo en el que asienta el sistema de dominación patriarcal.
En primer lugar, los autores señalan una indistinción entre los conceptos de género y sexo: trabajar en los programas de empleo desde una perspectiva de género es simplemente que un número importante de mujeres ingrese a los programas.
“Además, las políticas de empleo y género no se orientarían a acciones tendientes a revertir las inequidades que padecen las mujeres en el mercado de trabajo en términos de sujetos de derecho. A cambio, tomarían la forma de políticas tendientes a facilitar el acceso al mercado laboral por parte de una cierta categoría de mujeres (pobres y con hijos a cargo), bajo la visión dominante del complemento a los ingresos familiares como modalidad de combatir la pobreza”, señala La Serna.
Por otra parte, según se señala en el trabajo, muchas de las actividades promovidas desde los programas tienden a ser extensiones de las actividades reproductivas adscriptas históricamente a las mujeres. En tal sentido, los diferentes programas adquieren el carácter de dispositivos estatales que refuerzan la división sexual del trabajo, como se refleja en uno de los testimonios de la investigación: “Y empleos, mucho servicio doméstico; por una cuestión de género se introdujo mucho la capacitación de las mujeres en la responsabilidad de la crianza de los hijos, en darle la cuestión de cuidado a un niño; en el tema cocina se trabajó bastante bien y se articuló bastante bien”.
La investigación completa será publicada próximamente por la Editorial Ciccus.