El camarista René Gandarillas le impuso ayer una pena unificada de ocho años de prisión a Lucas Ariel Otín, en la cuarta y última audiencia del juicio que se le siguió junto a Yanina Vanesa Bracamonte por una serie de delitos que ambos cometieron durante enero y febrero de 2010.
En tanto, uno de los testigos que había comparecido en el proceso oral y público se presentó en la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno y radicó una grave denuncia contra algunos miembros de la familia de Otín, a quienes acusó de haberlo “apretado” para que atestiguara a favor del ahora condenado sujeto.
Otín, de 25 años de edad, fue declarado autor responsable de los delitos de “robo calificado” por uso de arma de fuego, “robo agravado” por la sustracción de un vehículo automotor estacionado en la vía pública (más precisamente una motocicleta), “hurto simple” y “amenazas reiteradas” (dos hechos).
Por su parte, Bracamonte, de 26 años, recibió una condena de seis meses de prisión por un hecho de “amenazas”, perpetrado en coautoría con Otín, pero pese a llevar más de un año y ocho meses entre rejas, no pudo recuperar la libertad ya que tiene una causa por “robo” que se está tramitando en la Fiscalía del Segundo Turno.

Los alegatos

La definitoria jornada de debate se inició pasadas las 9.30 de la mañana con los alegatos del fiscal Francisco Márquez y de las defensoras oficiales de los dos imputados, Silvina Muñoz y María Cristina Rivera de Cerutti.
En primera instancia, el acusador público pidió una condena de 10 años y seis meses para Otín por considerarlo responsable de todos los ilícitos que se le atribuían, en tanto solicitó el mínimo de la pena prevista por la legislación vigente para la joven mujer.
A su turno, Muñoz pidió la absolución de su defendido por la mayoría de los hechos, a excepción del “robo calificado” con arma, por el cual demandó que se le impusiera la pena mínima.
Finalmente, la asesora letrada Rivera de Cerutti adhirió al requerimiento del fiscal para su patrocinada, es decir que solicitó que Bracamonte fuera sentenciada a seis meses de prisión por el hecho de “amenazas” que se le endilgaba.

Verano de 2010

Los hechos que llevaron a prisión a la joven pareja se produjeron en enero y febrero del año pasado en los barrios Felipe Botta y San Nicolás de esta ciudad, aunque en su gran mayoría fueron protagonizados por Lucas Otín.
El más grave de los ilícitos perpetrados por este joven reincidente se registró el 23 de febrero de 2010, cuando alrededor de las 14 se subió a un camión Mercedes Benz 1114 y, bajo amenazas de muerte, portando un arma de fuego, redujo al conductor del vehículo de transporte, José Aisa Alvarez, de nacionalidad boliviana.
“¡Dame la plata o te c... un tiro, hijo de p...!”, fue la frase intimidatoria que le dijo antes de golpearlo en la cabeza con la culata del arma (que no pudo ser localizada por la Policía), para luego despojarlo de 600 pesos en efectivo y darse a la fuga corriendo.
Otín fue detenido el 25 de febrero y desde entonces se encuentra privado de la libertad, estado que mantendrá hasta por lo menos fines de agosto de 2017, es decir que tendrá que purgar siete años y medio “a la sombra”.

La “asistida”

Recién entonces podrá solicitar el beneficio de la “libertad asistida”, instituto legal que permite la excarcelación sólo seis meses antes del cumplimiento total de la pena impuesta. Y como Otín es un reincidente, no tendrá la posibilidad de acceder a la “condicional” cuando complete los dos tercios de los ocho años que le impusieron en la víspera.
Este joven afincado en barrio San Nicolás fue condenado por la Justicia villamariense en 2005, aunque ya cumplió la pena aplicada en aquella ocasión. Recuperó la libertad en 2007 y un año más tarde volvió a ser detenido, en este caso por personal de la Policía Federal, por “tráfico de estupefacientes”.
Por este delito fue condenado el 3 de setiembre de 2009 por el Tribunal Oral Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba. En noviembre de ese mismo año dejó la cárcel gracias a la “libertad asistida”, pero volvió a ser detenido el 23 de febrero del año siguiente tras el asalto al camionero boliviano, hecho por el cual ahora fue condenado.
Cabe señalar que como tenía pendiente una pequeña parte de aquella condena impuesta por la Justicia Federal, la misma se unificó con la que en la víspera le aplicó la Cámara del Crimen de Villa María.

Grave denuncia

La “frutilla del postre” de este singular proceso la puso uno de los 15 testigos que comparecieron durante las tres audiencias desarrolladas los días jueves, viernes y lunes, quien se presentó en la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno ni bien concluyó el juicio.
El deponente radicó una grave denuncia contra algunos miembros de la familia de Otín, a quienes acusó de haberlo “apretado” para que declarara a favor del joven reincidente, algo que se habría reiterado con otras personas que atestiguaron en la causa.
Según pudo averiguar EL DIARIO, las intimidaciones proferidas atemorizaron profundamente a casi todos los testigos, a excepción del que decidió denunciar las amenazas, por lo que ahora es el fiscal Félix Martínez quien deberá investigar los hechos.