Pasan los días y en vez de descomprimirse la tensión por el acuerdo firmado entre los intendentes de Villa María y Villa Nueva sobre “hermanamiento”, el malestar de un nutrido grupo de vecinos se acentúa.
Anteanoche, volvieron a copar el recinto legislativo como lo vienen haciendo ya desde hace tres miércoles, desde que se conoció la noticia de la firma del convenio, que establece acciones en común entre las dos ciudades en temas como tránsito, seguridad y turismo, entre otros, y que permite a las dos localidades prestarse hasta un millón de pesos al año, ítem que despertó la controversia.
Los vecinos se acercaron a la sede legislativa de calle Sarmiento para pedir explicaciones a los concejales oficialistas, que son los que aprobaron el convenio. Los dos radicales, Javier Pérez y Sandra Bailone, lo habían rechazado y Olga Vivas, de Todos por San Martín, había pegado el faltazo por estar de viaje.
Los ciudadanos se retiraron molestos en la noche del miércoles y disconformes con la exposición del presidente del Concejo Deliberante, Mauro Bizzarri. Desde que se conoció el caso, el oficialismo ha mantenido el mismo discurso: no hay nada que temer porque la autonomía de la ciudad no está en juego.
Sin embargo, pese a la rigidez de la postura oficialista, los vecinos continúan adelante con la recolección de firmas en pos de lograr una iniciativa popular que busca derogar la ordenanza que avaló el hermanamiento.
Ayer siguieron juntando firmas y esta mañana continuarán en esa cruzada, convencidos de que el Gobierno tendrá que escucharlos y dar marcha atrás.
Tanto el radicalismo como el juecismo local, representado por el ex candidato a intendente Manuel Argüello, solicitan la derogación de la ordenanza.
Por ejemplo, la edil electa por el Frente Cívico, Magalí Castro, es una de las impulsoras de la iniciativa popular.
Fuentes del municipio afirmaron a EL DIARIO que el bloque oficialista no avalará la iniciativa popular porque, consideran, no tiene argumentos sólidos.