La controversia generada por el “hermanamiento” de Villa Nueva con Villa María tendría hoy un punto clave: si bien no se presentaría esta noche la iniciativa popular, eso es inminente y habrá una fuerte presencia vecinal en el Concejo Deliberante, a las 19.30.
“La casa del pueblo” deberá recibir a decenas de vecinos, como en los tres miércoles anteriores, que se muestran en desacuerdo con “el pacto” entre los intendentes Guillermo Cavagnero y Eduardo Accastello. Esta vez, esa presencia tendrá más fuerza, ya que se habrían reunido alrededor de 400 firmas que solicitan la derogación de la ordenanza que aprobó el hermanamiento.
“Si bien ya están las firmas que necesitamos para que sea viable la iniciativa popular, la intención es prolongar la recolección de firmas, porque necesitamos que se adhieran aún más espacios”, reveló ayer, ante la consulta de EL DIARIO, Federico Magrín Torres, uno de los vecinos que impulsa la iniciativa.
En este aspecto, adelantó que hay algunas instituciones que estarían presentando su apoyo al pedido de derogación, aunque evitó dar nombres “por el momento”.
Hoy, por la mañana, estarán recorriendo el barrio San Antonio para obtener más adhesiones y a las 19.30 se concentrarán en la sede legislativa de calle Sarmiento.
“Estamos confiados en que estas u otras estrategias surtirán efectos. En principio la gente adhiere, la cuestión es que institucionalmente tenga el peso suficiente para lograr lo que queremos y no que el oficialismo desapruebe de entrada, sin saber lo que se presenta”, resaltó Magrín.
Precisó que de un padrón de 14 mil habitantes, se requieren 280 firmas de vecinos para dar lugar a la iniciativa.
“Más allá de la fuerza del número, tienen que existir otras actividades que demuestren que no somos sólo 50 loquitos los que estamos en desacuerdo. Nos parece importante que se tuvieran que pronunciar los intendentes, algo que nunca lo hacen, y ya lo han hecho más allá de que no sea de la manera en que nosotros queríamos”, declaró.
“Queremos que tenga el respeto que merece la iniciativa. Cuando los vecinos se pronunciaron en contra del crematorio, el Deliberante dio marcha atrás. Esta sería una oportunidad para que tengan un gesto similar”, manifestó.
“Si el asunto está claro como ellos dicen, deberían plasmarlo en una norma que no provoque doble lecturas ni que haya cuestiones extrañas”, dijo aclarando que lo hace a título personal.
Consultado sobre los argumentos de la iniciativa popular, Magrín Torres advirtió que “existen argumentos de fondo y de forma”.
“De forma, porque el procedimiento estaba viciado. Existen un montón de contradicciones con legislaciones de orden superior, desde la Carta Orgánica a la Constitución provincial”, precisó.
De fondo, porque “hay cuestiones que no se dicen pero se pueden suponer”. Apuntó: “Este interés de Villa María por Villa Nueva no es nuevo, pero nunca pensamos que iba a suceder.”
“Hay cosas sugeridas pero no dichas. Cuando se habla de política en conjunto, se encubre la intención de que Villa Nueva acate normas que Villa María ya tiene decididas. Recordemos lo que se hizo con la prohibición de cargar nafta cuando no se posee casco protector. Se sancionó allá y se envió para que se apruebe acá”, manifestó.
“Villa María impone normas que quieren que Villa Nueva acate”, sostuvo.
“Establecen que se conformarán órganos de diez o doce personas, que van a tomar las decisiones. Son comisiones integrada por ellos, porque habrá diez del oficialismo y dos de la oposición. Habrá diez de un mismo partido, así la capacidad de control es menor y se decidirán los temas a espaldas del pueblo, porque ya no pasará por el Concejo”, remarcó el entrevistado.
Magrín Torres dijo ser optimista de que el bloque del oficialismo (el único que avaló el hermanamiento) pueda cambiar de opinión: “En principio, son representantes del pueblo e independientes del partido que representan; los creemos capaces de no obedecer órdenes de otros que no sean quien le da el mandato, que es el pueblo.”
“Si la actitud es votar 4 a 3 y sostener el hermanamiento, es poco sensato y no relacionado a los intereses de la ciudadanía. El costo político será altísimo”, afirmó y aseguró que se denunciará penalmente a cada edil que levantó la mano para avalar el acuerdo entre los dos Ejecutivos.