Dos empleados de la Delegación Villa María de la Dirección General de Rentas fueron imputados como presuntos coautores de “estafa”, “defraudación” y “uso de documento falso” en perjuicio del Estado provincial.
Jorge Rody Funes, domiciliado en esta ciudad, y Roberto Ismael Aquiles, radicado en Ballesteros, ambos de 51 años de edad, están acusados de haber colocado sellos apócrifos, presumiblemente en connivencia con algún gestor, a contribuyentes a los cuales les entregaban las boletas de impuestos como pagadas y no rendían el dinero.
Según trascendió en las últimas horas, los empleados de Rentas habrían realizado esta maniobra en una veintena de ocasiones.
La maniobra defraudatoria se descubrió cuando algunos contribuyentes fueron intimados por Rentas por falta de pago y a uno de ellos le habrían receptado una suma cercana a los 100 mil pesos.
Tal como lo informó EL DIARIO en su edición del pasado miércoles 2 de noviembre, Funes y Aquiles fueron apresados entre las 14 y las 16 del día anterior, en diferentes puntos de Villa María, por efectivos de la Policía Judicial de Córdoba que viajaron desde la capital provincial, especialmente comisionados para realizar las detenciones.
Inicialmente, los sospechosos quedaron a disposición del fiscal de Instrucción del Segundo Turno, Gustavo Atienza, quien luego giró las actuaciones a la Justicia de la capital provincial, donde se tramita la causa.
A las autoridades de la entidad recaudatoria les llamó la atención la cantidad de personas afectadas por esta maniobra, motivo por el cual se inició una auditoría interna para determinar los alcances y montos de la defraudación.
Funes, ex empleado del desaparecido Banco Social, y Aquiles enfrentan ahora una acusación por estos hechos y se encuentran detenidos en la capital provincial, a disposición de la Justicia de aquella ciudad, donde se radicó la denuncia penal.

Otra vez Rentas

La misma Delegación local de Rentas estuvo en la mira de investigadores policiales y judiciales durante prácticamente toda la década pasada, puesto que la clave de una empleada -que allí se desempeñaba- fue usada para ingresar en el sistema informático y borrar deudas a decenas de contribuyentes de todo el territorio provincial.
Después de un largo trajinar por Tribunales, el abogado villamariense Víctor Daghero, con el apoyo de la dirigencia local y provincial del Sindicato de Empleados Públicos, Oscar Mosquera y José Pihén, respectivamente, consiguieron probar la inocencia de Silvia Bomprezi, la trabajadora acusada.
Con tan sólo una llamada telefónica, Pihén consiguió que le dieran por esa vía la clave de otro empleado, haciéndose pasar por él. La clave estaba constituida por el número de DNI del trabajador, al que se le sumaban otros cuatro números. Si alguien veía tipear esos cuatro dígitos, ya tenía el acceso al sistema.
La firma Kolector, encargada de garantizar la inviolabilidad del sistema, debió cambiarlo por otro conformado por tres carpetas diferentes, cada una con su clave de acceso. Dicha empresa, lejos de ser sancionada, vio cómo algunos de sus responsables pasaron a ocupar cargos directivos en la administración pública que por entonces encabezaba José Manuel de la Sota.
Ni el sumario interno ni la investigación judicial llegaron a probar quiénes usaban la clave de Bomprezi para “perdonar” deudas presumiblemente a cambio de coimas.