El tema de discusión se centró esta vez en cursos de capacitación para desocupados, para lo cual, desde el Ejecutivo solicitaron la aprobación de una orden de pago de 7.680 pesos destinados a abonar a las capacitadoras.
Antes de aprobar tal orden, los tribunos de la oposición José Naselli (Democracia Cristiana) y Francisco Maristany (Frente Cívico) le pidieron al secretario de Gobierno, Rafael Sachetto, precisiones sobre el destino de los fondos.
La respuesta de Sachetto no cayó muy bien entre los miembros del Tribunal, quienes le recriminan que se niegue a informar sobre el destino de los fondos.
Sachetto calificó de “caprichosa no autorización” el pedido de informes. A esto, Naselli y Maristany le aclaran que si “se toma la molestia de leer correctamente nuestro pedido, el mismo, no contiene ninguna “no autorización” (algo parecido a un voto “no positivo”) del pago. La necesidad de ser informados, es simplemente consecuencia de una atribución y un deber que nos compete. Luego, sí, podremos “observar” (o no) todo acto contrario a las disposiciones legales”, expresaron en la última resolución de los tribunos, en la que finalmente aprueban el pago de esos fondos.

Sin rendir

Además, le recuerdan al funcionario que en mayo de este año “recibió la suma de 57.600 pesos para costear cursos de capacitación dirigidos a desocupados y empleados públicos y privados y que, según él mismo dijo, cubrían una imperiosa necesidad. Dichos cursos se referían a calidad de atención en organismos públicos y satisfacción al vecino, construcción de equipos de trabajo, gestión de ventas, panadería y pastelería industrial y alineado y balanceado del automotor. En sendas notas del 5 y 12 de octubre del corriente año, solicitamos al secretario precisiones sobre la implementación de los cursos, y el destino dado a los $57.600 recibidos. Por otra parte, el Decreto del Departamento Ejecutivo había fijado, como plazo para la rendición de cuentas, el de 30 días de percibido el dinero. El secretario ni contestó nuestros requerimientos ni rindió cuenta alguna”, indicaron los tribunos.
Además, según consta en la Resolución, Sachetto les contestó a ese requerimiento que “… no es el tiempo de la presentación de la rendición… la cual se llevará a cabo cuando se deba hacer…”.
Naselli y Maristany responden: “Si bien la simple lectura de la respuesta habla por sí misma, nos permitimos recordarle al señor secretario de que la obligación del tiempo y del modo de la rendición de cuentas, no deviene de una ocurrencia de estos tribunos, sino de lo ordenado por la ley, y por el mismo intendente. La recepción del dinero por parte del profesor Sachetto significa lisa y llanamente asumir el compromiso explicitado en el decisorio del Ejecutivo”.

Sobre los plazos

Dado que Sachetto le atribuye a los tribunos una actitud que se funda en obstaculizar el pago a los necesitados, por el retardo en aprobar órdenes de pago, los miembros del órgano de control recuerdan que las órdenes para pagar los honorarios a las capacitadoras Anita Chaves y Ana Racca datan del 27 de julio de 2011. El decreto correspondiente a esas órdenes se firma el 26 de setiembre y llega a la mesa del Tribunal de Cuentas el 4 de octubre, según consta en la Resolución.
En “el plazo legal, o sea, menos de cinco días, se eleva nuestro pedido de informes”, indicaron y la respuesta llegó el 8 de noviembre, es decir, un mes después. “Mientras que por una razón u otra, y por dilaciones ajenas a nuestra actividad como Tribunos, ya se han acumulado casi cuatro meses de trámite, el señor Sachetto está transfiriendo gratuitamente su propia desidia, negligencia y morosidad. Señor secretario, no se puede edificar la verdad a través de la mentira”, indicaron.
Después de todas las consideraciones, aprueban la orden de pago, pero deciden enviar copias de los considerandos de la Resolución a las capacitadoras, a los 12 concejales, al intendente y a todo el gabinete.