La renovación del contrato de prestación de servicios de asesoramiento jurídico tributario y contable con el Estudio Villegas, a cargo de Héctor Eduardo Villegas Ninci y Jorge Bernardo Aguirre Mosquera, fue el tema que dividió las aguas en la sesión ordinaria del cuerpo legislativo que tuvo lugar ayer al mediodía.
El proyecto fue aprobado con el voto de la mayoría y recibió los cuestionamientos del bloque de la Democracia Cristiana.
El encargado de fundamentar las ventajas del acuerdo que viene desde hace años fue el presidente del Frente Unión por Córdoba Partido Justicialista, Carlos De Falco (foto), quien brindó un panorama sobre la situación contractual y el perfil de los abogados que tienen “reconocimiento nacional e internacional”.
“Los resultados arribados hasta la fecha, han demostrado la idoneidad y eficiencia con que desempeñó la labor encomendada, máximo cuando existen razones fundadas en intereses esenciales del municipio, como es la defensa de los derechos de cobro de los tributos a los contribuyentes verificados y/o fiscalizados”, indicó en su oratoria.
También explicó que la recaudación obtenida por el estudio se encuentra atada al éxito de la gestión realizada, obteniendo el 17% para las determinaciones en las que intervengan, y el 14% para las determinaciones en las que intervengan logrando contribuyentes nuevos.
Las explicaciones no fueron suficientes para evitar el desacuerdo y a su turno Ricardo Pereyra cuestionó que la prestación de dicho servicio no se haga con un equipo que dependa de la Secretaría de Economía y Finanzas, para que la misma se efectúe a un costo menor.
Por otro lado, hubo unanimidad a la hora de aprobar un convenio suscrito entre el municipio y el Colegio de Ingenieros Civiles Regional Nº 4 para la realización de un proyecto de nivelación y ejecución de cordón cuneta y obras complementarias en 1.100 calles de tierra, de 19 barrios de la ciudad.
También, dieron luz verde a la operatoria con Pauny para la compra de dos motoniveladoras y autorizaron al Instituto Municipal de Inversión a ser unidad ejecutora de programas que se financien íntegramente con fondos municipales, siempre que el DEM así lo decida, entre otros temas.