Los vocales del Tribunal de Cuentas, José Naselli y Gustavo Maristany, precisaron detalles de una "comprometida situación jurídico-fiscal" por la que estaría atravesando la Municipalidad de Villa María.
Haciendo eje en la cobranza y posterior reclamo de contribuyentes que abonaron el "Impuesto a la Valija", Naselli y Maristany dieron a conocer precisiones sobre un caso que pondría en serio compromiso a las arcas comunales.
En función del tributo que grava la actividad comercial, industrial y de servicios "en sitios pertenecientes a jurisdicción federal o provincial, enclavadas en el ejido municipal", el Gobierno comunal contrató los servicios del Estudio Jurídico Villegas Ninci-Aguirre Mosquera, que percibe un porcentaje de lo recaudado por las determinaciones contributivas realizadas por el importante número de locadores de servicios que fueron alcanzados por la medida.
Cabe señalar que los profesionales que prestan servicios en temas tributarios, en setiembre se alzaron con 256 mil pesos, mientras que en octubre percibieron 193 mil pesos.

Contribuyentes reclaman

"Todo habría transcurrido pacíficamente hasta que algunos contribuyentes cuestionaron la validez del dispositivo que los obligaba a tributar ingentes sumas, no solamente en Villa María, sino también en otras comunas del territorio argentino", manifestaron los integrantes del Tribunal.
Luego de que la Suprema Corte fallara a favor de una de las empresas que reclamaban la devolución de lo que habían pagado, se desató una lluvia de reclamos de firmas exigiendo su dinero más los intereses, multas y demás accesorios legales.
El territorio villamariense no fue la excepción y múltiples reclamos se ventilan actualmente en los Tribunales locales.
Según los funcionarios, las empresas Laboratorios Abbot, Refina, Pharma Altana, Glaxo, Posnet, Villoslada, Círculo de Inversores, Basf Argentina, Molfino Hermanos, IPS, Akapol, Agco, Agrometal, Massalin Particulares, Telefónicas Móviles y Volkswagen Argentina iniciaron sus demandas antes de las elecciones locales.
"Este dato fue celosamente ocultado no sólo para que no trascendiera en vísperas del proceso electoral, si no que no sabemos si lo poseían los concejales que durante noviembre votaron favorablemente la prórroga del contrato con el Estudio Jurídico que ahora debe intervenir (junto a la comuna) en la defensa de algo que parece, por lo menos a primera vista, indefendible", argumentaron Naselli y Maristany.
Por vía institucional, los tribunos de la oposición requirieron con insistencia datos referidos a esta espinosa situación, obteniendo contestaciones oficiales "elípticas, evasivas y confusas".
“A través de las resoluciones remitidas por los tribunos al Ejecutivo, "se pedía algo muy simple: que el intendente asumiera su responsabilidad en el tema y que cada pago lo avalara con un decreto, cuestión a la que el mandatario se negó aduciendo diversos argumentos", enfatizaron los funcionarios.
Resumiendo, en Tribunales, se ha instalado una "bomba de tiempo" que puede estallar durante la presente administración o puede estallarle a gestiones futuras.
Ante semejante adversidad, el democristiano y el referente del radicalismo, indicaron que Accastello "no da un paso atrás" y que hasta en un intento de mediación promovido por el Tribunal que debe dictar las sentencias (concretado un tiempo antes de la fecha de las elecciones municipales), "el municipio se opuso a todo convenio".
"Algunos deducen que de haber habido un acuerdo, el mismo hubiera convertido en público el hecho de la inoperatividad del ‘Impuesto a la Valija’ y el ‘negocio de los pelones’ en que se ha incurrido y que como siempre terminará pagando el contribuyente, nunca los funcionarios y demás actores de esta bola de nieve que no se sabe dónde y cómo terminará impactando", concluyeron Maristany y Naselli.