Hombres de leyes ligados al Gobierno local sostienen que “es lógico que pataleen, porque a las multinacionales no les gusta dejar el dinero en el país...”. Un estudio jurídico defiende a una firma local ante la Municipalidad de San Francisco

El tributarista cordobés Héctor Villegas Ninci convenció a varias Municipalidades del país de que podían cobrar impuestos a empresas que vendían sus productos y recaudaban en sus jurisdicciones, aunque no tenían una base local de operaciones, “siempre que pudieran acreditar exhaustivamente que esas firmas foráneas están haciendo uso de servicios que son prestados por el mismo municipio”.
Sobre esa base su estudio es asesor, por ejemplo, de la Municipalidad de Río Cuarto desde los ‘90. Y el intendente radical villamariense Miguel Veglia quiso contratar sus servicios durante su tercer mandato (‘95- ‘99), algo que fue rechazado por la oposición justicialista pero también por dos de sus correligionarios, Carlos Gagliano y el ya fallecido Héctor Massel, quienes habían ingresado al Concejo por el radicalismo, pero por la minoría opositora en la interna partidaria.
Sí fue contratada años más tarde, ya con el PJ en el poder, acuerdo que fue extendido el 17 de noviembre de este año con el voto en contra de la Democracia Cristiana.

El juicio, los juicios

Cuando en julio de 2009 la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Laboratorios Raffo en una causa entablada en contra de la Municipalidad de Córdoba por el cobro de este “Impuesto a la Valija”, se abrió el camino a una “tromba” de demandas para recuperar dinero por parte de las empresas.
Entonces, el propio Villegas Ninci decía: “El fallo de la Corte sólo comprende a la Municipalidad de Córdoba. Y señala que el impuesto no puede cobrarse porque el Estado no presta ningún servicio a cambio... Nosotros, en nuestros expedientes, siempre hemos acreditado exhaustivamente la prestación de los servicios... Si los abogados de Córdoba no demostraron que el municipio estaba prestando un servicio, es un problema de esos abogados... Hay un dato que no es menor: en la mayoría de los casos, las empresas se presentaron espontáneamente y reconocieron absolutamente el planteo del Estado local. Por lo tanto, esas empresas, que representan más del 90%, ya no tienen derecho a reclamar judicialmente”.
Por esa época iniciaron sus demandas contra Villa María 16 de las más de 60 que tributaban por vender sus productos en la ciudad, aún sin oficinas. Como se indicó en nuestra edición de ayer a partir de la información de los tribunos de la oposición José Naselli (democristiano) y Gustavo Maristany (radical), se trata de Laboratorios Abbot, Refina, Pharma Altana, Plaxo, Posne, Villoslada, Círculo de Inversores, Basf, Mofino, IPS, Akapol, Agco, Agrometal, Massalin Particulares, Telefónicas Móviles y Wolkswagen. También estaría en la nómina, aunque no fue citada, Ford Argentina, que habría obtenido un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad.

No polemizan, pero...

“No sé por qué Naselli y Maristany salen con esto ahora, si es algo que está sucediendo desde hace años en la Justicia y ahí lo estamos defendiendo. No tenemos ningún fallo definitivo ni nada. En algunas instancias hubo, inclusive, fallos a favor. Además, cada caso es particular; nunca habrá un fallo que alcance a todos los casos. Por otra parte, hasta es lógico que pataleen, porque a las multinacionales no les gusta dejar el dinero en el país, como a las grandes empresas nacionales no les gusta pagar a las Municipalidades...”, dijo ayer a EL DIARIO un abogado ligado al Gobierno, aunque lo hizo sin identificarse porque “oficialmente no vamos a responder más estas provocaciones mediáticas”.
El letrado oficialista explicó además que “lo que cobra Villa María es lo que marca la letra de la ordenanza, que es viejísima, anterior a nuestro mandato y que involucra a aquellos que lucran en la ciudad, aun aquellos que no tengan establecimiento en la ciudad”.
Los tribunos de cuentas habían sugerido la posibilidad de buscar un acuerdo extrajudicial y señalaron que, en cambio, “Accastello no da un paso atrás”.
Naselli y Maristany agregaron en su comunicación que “algunos deducen que de haber habido un acuerdo, el mismo hubiera convenido”, para afirmar que “al negocio de los pelones en que se ha incurrido... lo terminará pagando como siempre el pueblo”.

Mirada de abogado radical

De esa misma opinión participa Luis Caronni, quien acciona legalmente en representación de firmas locales contra otros municipios. Uno de los casos puntuales es en contra de la Municipalidad de San Francisco. “Esta empresa villamariense tributa en la provincia de Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene sedes, pero no tiene por qué pagar impuestos por las ventas que realiza en San Francisco a través de sus viajantes”, opinó.
Y subrayó que “existe actualmente una línea de pensamiento en los distintos tribunales que es el de seguir lo postulado por la Corte Suprema en la materia, como lo estableció en el caso de Laboratorios Raffo contra la Municipalidad de Río Cuarto”.
Este medio también entabló una comunicación con el abogado Gabriel Musatti, presidente del Frente Cívico y Social en Villa María, quien indicó que en ese partido están analizando el tema del llamado “Impuesto a la valija”, para emitir una opinión al respecto “en las próximas horas”.

LAS FOTOS:

1- “Impuesto a la Valija” se llama al tributo que exigen los municipios a quienes venden sus productos en su jurisdicción por medio de viajantes y visitadores
2- Luis Caronni
3- Imagen tomada de la televisión,
de Héctor Villegas Ninci, el tributarista que asesora municipios, entre ellos el de Villa María