En aquella oportunidad, el fiscal de la Cámara del Crimen de Villa María, Francisco Márquez, consideró que la decisión de las autoridades municipales de Tío Pujio "atenta contra el artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes de Argentina gozan de los derechos de permanecer, transitar y salir del territorio nacional".
Márquez agregó que desde el punto de vista histórico "me parece una regresión" ya que "esto semeja lo que en Grecia se llamaba el ostracismo, cuando se condenaba a vivir a alguien fuera de la polis".
En tanto, Esteban Llamosas, titular del INADI-Córdoba, calificó de "discriminatoria, ilegal e inconstitucional" la ordenanza que dispone crear un registro de vecinos con antecedentes penales, asegurando que la medida "de ninguna manera mejorará la seguridad del lugar".