Escribe: Julio Villalonga*
Este domingo me he sentido ante un desafío como periodista. El grado de polarización instalado entre el Gobierno y la prensa opositora me obliga a escribir estas líneas. Este domingo el diario Clarín publicó en su tapa sólo el texto del artículo 32 de la Constitución Nacional, que reza lo que sigue: "El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal". Debajo, el matutino mantiene que el proyecto de ley "para el control de la producción e importación de papel para diarios", que aprobó (la Cámara de) Diputados y se apresta a tratar el Senado, "viola el artículo 32 de la Constitución Nacional".
El columnista del diario La Nación Joaquín Morales Solá escribe hoy un artículo en el que desgrana algunas afirmaciones sobre el tema que merecen una reflexión. Dice Morales Solá: "El texto del proyecto que dispone la eventual confiscación de Papel Prensa y la algarabía de los diputados oficialistas en la noche de la votación tuvieron los trazos de una victoria de barrabravas". Añade: "El problema de la democracia argentina es que los vencidos no son sólo La Nación y Clarín, como coreó el kirchnerismo, sino también, fundamentalmente, la libertad de prensa (porque) un gobierno que controlará la producción nacional de papel para diarios y también las cuotas de importación, según el texto aprobado, se quedará con el dominio absoluto del insumo imprescindible de toda la prensa gráfica y, por lo tanto, de su libertad". Autoelogiándose agrega que "no hay otra conclusión más clara y más certera que ésa".
La confusión entre lo que debe ser un régimen democrático y los intereses particulares de los dueños de los diarios Clarín y La Nación es un recurso al que han acudido decenas de veces, pero la aprobación por parte de la Cámara baja del proyecto en cuestión ha desatado una autodefensa que ya no repara en la calidad de sus argumentos.
En primer lugar, vamos a dejar de lado en nuestro análisis la diferencia, a esta altura formal, entre "libertad de imprenta" y "libertad de prensa". No hay otro artículo en la Carta Magna que la mencione taxativamente pero la segunda es el foco de la discusión.
El exabrupto dominical del diario que dirige Ernestina Herrera de Noble advierte que la inminente aprobación por parte de la Cámara alta del proyecto avalado por Diputados violará el mencionado artículo 32.
Para Clarín y para Morales Solá, que una ley del Congreso establezca cupos para la importación de papel es, sin más, un claro ataque a la libertad de prensa, ataque que además se inscribe en una tendencia más general del Gobierno nacional representada por el lanzamiento de la TV digital, la apropiación de los derechos de televisación del fútbol, la aprobación de la Ley de Medios y el acoso a los hijos adoptivos de Herrera de Noble. Y, también, naturalmente, a la denuncia judicial por el traspaso de las acciones de Papel Prensa a las mismas empresas editoras de La Nación y Clarín en plena dictadura.
Desde su creación en aquel régimen y luego del inmediato traspaso de las tenencias accionarias del Grupo Graiver a estos dos grupos, Papel Prensa ha manejado gran parte de la producción de papel para diarios en la Argentina, desconociendo o -lisa y llanamente- avasallando los derechos de cientos de diarios medianos y pequeños que no eran proveídos por este compañía mixta, cuya producción mayoritariamente se derivaba a los dos grupos que mencionamos. No se registra ninguna mención, en 35 años, de parte de los dos principales accionistas de esa compañía (las empresas editoras de Clarín y La Nación; el tercero, en minoría, es el Estado) de la situación que han atravesado los periódicos de baja y media tirada, que debieron pagar mucho más caro el papel en el exterior porque Papel Prensa no les proveía de ese insumo "imprescindible para toda la prensa gráfica", como señala con razón Morales Solá. Clarín y La Nación producían papel diario en Papel Prensa y se lo compraban a precios que dejaban literalmente fuera a cualquier potencial competencia. Esto ha sido un coto de caza y sólo dos cazadores se han beneficiado de esta situación.
En este tema como en otros, La Nación ha cumplido el rol de segundo necesario para que Clarín no quedara a la intemperie. Y Clarín ha actuado en Papel Prensa como en todas las otras ramas de negocios al utilizar una posición dominante que le ha generado enormes beneficios económicos al controlar "la producción nacional de papel para diarios y también las cuotas de importación".
No es paradójico sino una operación de sentido. El Grupo Clarín y la empresa editora de La Nación se victimizan ahora, se dicen una minoría conculcada en sus derechos haciendo una aliteración de lo ocurrido. Acusan al Gobierno de actuar de una manera, la manera en que ellos actuaron en los últimos 35 años.
No voy a detenerme en la retahíla de inexactitudes que Morales Solá firma en la edición de hoy de La Nación. Esta Carta Abierta está destinada a otra cosa. La "devaluación democrática" que denuncia el columnista de los Saguier no existe hoy sino que es preexistente a la súbita defensa que practica él, con el énfasis de los conversos, de la libertad de prensa violada. Decenas de diarios pequeños debieron cerrar por su imposibilidad de competir, y ni Clarín ni ADEPA, la organización de diarios que controla Héctor Magnetto con mano férrea, difundieron un comunicado de advertencia porque eran ellos los que controlaban la producción e importación de papel de diarios en el país, con lo cual tuvieron bajo control el mercado durante más de tres décadas. Decenas de empresas de cable del interior fueron puestas contra la pared porque Multicanal, de Clarín, no les vendía los derechos de televisación del fútbol. Cuando ya no daban más, aparecía un representante del Grupo para comprarles la empresa a precio vil.
La polarización de que hablamos al comienzo fue buscada por el kirchnerismo, que hizo un "hit" político de este asunto, y viene siendo sufrida por la prensa opositora porque la trayectoria que muestra en este terreno, en particular Clarín, sería denigrante para un conglomerado de medios similar en cualquier parte del mundo.
La adopción irregular de los hijos de Herrera de Noble sería un caso con menor trascendencia, sin duda, si la involucrada no fuera la principal accionista del mayor consorcio de medios de comunicación de la Argentina. Tal como sucede en el "Caso Murdoch" en el Reino Unido, que un empresario de medios actúe sin apego a las leyes o burlándolas supone un duro golpe a la credibilidad de sus diarios. La caída indetenible de las ventas del diario Clarín en los últimos tres años reconoce un factor de mercado, como lo es el avance de los medios digitales (incluidos los propios), pero también se debe a que ha sido puesto en evidencia por primera vez de cara a la sociedad. Todos los manejos poco claros del grupo que tiene como CEO a Magnetto son ahora masivamente conocidos. La posición hegemónica en el mercado de la TV por cable, también. La Ley de Medios es consecuencia de este estado de cosas. Se trata de una iniciativa imperfecta pero trata de solucionar una situación previa con características casi patológicas desde el punto de vista social que, sin ninguna duda, atentaba contra el derecho de los argentinos a informarse de manera más plural. Lo hemos escrito muchas veces, pero insistimos: no es normal que un grupo multimediático líder facture más de siete veces lo que factura el segundo. Y no es sano.
En cuanto al "Fútbol para Todos", se dio una vuelta de campana al hecho de que Clarín hubiera firmado un contrato de exclusividad con la AFA que le daba una posición dominante que era padecida por millones de argentinos. Armaron un negocio espurio que, como todo negocio espurio, dependía de que las condiciones que lo crearon se mantuvieran. No podía durar eternamente. O sí, podía durar eternamente si los gobiernos de turno lo toleraban, pero estaba armado de tal forma que la única manera de destrabarlo era con el rompimiento del contrato original.
No cabe duda de que el Gobierno mantiene la presión sobre el Grupo Clarín con estas y otras iniciativas. Pero, mal que les pese a Magnetto y a Morales Solá, que se haya desarrollado el negocio de los medios en el país sobre bases legales tan etéreas, o sin control alguno de las sucesivas administraciones democráticas, no es motivo para que las cosas deban ser así para siempre. El péndulo hoy está del otro lado. Quizás en el futuro se logre una posición presuntamente equidistante, más racional y sana que la que hemos vivido, y más tolerante que la que estamos viviendo.
*Director de Gaceta Mercantil.
Ocupó cargos directivosen la revista Noticias,de Editorial Perfily otros medios reconocidos
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