Los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María y otras entidades manifestaron ayer su “enérgico rechazo” a la Ley Antiterrorista sancionada el 22 de diciembre pasado. Fue en una conferencia de prensa que se realizó a la mañana en la sede local de ATE.
En la ocasión, se convocó a una reunión para el próximo miércoles 5 de enero a las 21, para compartir ideas sobre “algunas intervenciones” a realizar.
Federico Magrín Torres, de la conducción de EPA, leyó un documento que consensuaron las organizaciones. A través de la citada ley, se incorporó al Código Penal de la Nación la figura de “terrorismo”, como agravante de todo acto cometido “con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”, duplicando el mínimo y el máximo de la condena que por ley corresponda.
“Sostenemos que la falta de precisión en la caracterización de la figura permite gran margen para la arbitrariedad en su aplicación, generando una herramienta que potencialmente criminalice la protesta social”, sostuvieron las entidades.
“Recordamos que, más allá de la voluntad o no de reprimir por parte del Gobierno nacional, quien aplica la ley es el Poder Judicial de las diferentes provincias, lo cual podría derivar en compañeros detenidos por ejercer actos en defensa de sus derechos constitucionales”, apuntaron.
Luego, precisaron que hay cinco mil personas en la actualidad que se encuentran acusados “ilegítimamente de okupas, usurpadores, etcétera, con sus consiguientes causas penales abiertas” a raíz de “luchas que afectan a intereses de poderosas empresas multinacionales”.
“La aplicación de un agravante que doble esta condena llevaría a que dichas penas dejen de ser excarcelables y pasen a ser de cárcel efectiva”, advirtieron.
Las organizaciones indicaron que algunos partidos políticos avalaron la ley por la inclusión de un párrafo referido a la inaplicabilidad de la norma en caso de defensas de derechos constitucionales. En este sentido, aclararon que “es la Corte Suprema de Justicia la que debe fallar cuando se trata de la defensa de derechos constitucionales y un pronunciamiento del alto tribunal podría, en tal caso, demorarse años, en los que el supuesto terrorista estaría privado de su libertad”.
Remarcaron además, que se sancionó la ley con premura y poca difusión, resaltando que el origen de la misma compromete la soberanía argentina. “Es promovida por el denominado GAFI, organismo dependiente del FMI que ya ha logrado aprobar similares leyes en Chile, Honduras y Colombia”, entre otros países. “Son promovidas con el fin de aumentar el poder punitivo del Estado” y ejemplificaron que en Chile es utilizada para “criminalizar la protesta de comunidades mapuches que reclaman por sus tierras”.
Asimismo, expresaron su preocupación por los eventuales efectos en organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que “podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas”.
Adhirieron al documento, la CTA Villa María, el Centro de Estudiantes de Sociales (EPA) y el de Humanas (MUSE) de la UNVM, la Federación Universitaria Villa María, la Juventud Guevarista - Frente de Resistencia Nacional, el MST en Movimiento Proyecto Sur y el partido Proyecto Sur. Luego mandaron mensajes de adhesión, Las Juanas, VACAP e Izquierda Social.