En el primer día hábil del año, el 3 de enero, Ivana Vanesa González estaba trabajando para el municipio, como desde hace más de 11 años, cuando la convocaron para notificarle que a partir de ese momento su contrato concluía “quedando relevado a partir de ese momento de prestar las tareas habituales”, reza la nota que se negó a firmar.
Así comienzan a revelarse, a tener nombre y apellido, rostros y desesperanzas, el medio centenar de despidos en el municipio que anticipamos la semana pasada.

Inicio de año

Así comenzó esta mujer de 34 años el 2012. Madre de tres hijas, esposa de un trabajador metalúrgico, Ivana González, este año nuevo se quedó sin dos ingresos salariales. Se desempeñaba en el sector “carnes” de la oficina Sanitaria (dependiente de la subdirección de Habilitaciones y Bromatología, a cargo de Valeria Suárez) y como notificadora en los dos juzgados de Faltas municipales, lo que le sumaba significativamente al bolsillo del grupo familiar.
La jornada del 3, al acudir ante el llamado desde la Municipalidad, el abogado Rodrigo Hayas, coordinador de Relaciones Laborales-Capital Humano y Técnico, le comunicó la decisión del Ejecutivo de no renovar su contrato y le admitió, según el relato de la trabajadora, que no existen motivos, no hay causas para dejarla “en la calle”.
Ivana González contó a EL DIARIO que de alguna forma muchos esperaban esto: “Desde octubre se sabía de una lista de despidos y nadie hizo nada”. Añadió que incluso en el SUOEM (Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales) “venían anticipando desde octubre que esto sucedería, lo que faltaba saber era quiénes estaban en esa lista”.
Es más, una fuente del ex Palace le confirmó que “la decisión se tomó el sábado 31 de diciembre en horas del mediodía”.

Sin causas

Si bien desde la Municipalidad indicaron por lo bajo que se trata de un “reacomodamiento”, esto escapa a causas reales por las que un trabajador pueda quedar cesante.
Es más, Ivana exhibe ante un periodista de este medio desde el primer contrato hasta el último “recibo de sueldo”, donde constan sus 11 años de antigüedad y su categoría de “contratado”. Afirma que ingresó “por concurso”, ya que le puso “mucha dedicación” y estuvo “entre los 15 mejores promedios (de 200 inscriptos) en el año 2000”, cuando se presentó para ser seleccionada por primera vez y acceder a trabajar en el área de Tránsito. También rindió examen en 2005 y más tarde, en 2008, se ubicó tercera entre las mejores notas para alcanzar por concurso su pase a planta permanente, pero a pesar que fueron nombrados empleados en todas las áreas por orden de mérito, el mío nunca llegó. Estaba marcada”.
De esta manera se refiere a diferentes hechos que escapan netamente a lo laboral pero que la afectaron.
Otro punto que no jugó a su favor, entiende, es que en las últimas elecciones presidenciales del 23 de octubre, no llegó a tiempo para ser fiscal por el partido gobernante (Unión por Córdoba-Frente para la Victoria) en una de las mesas.
“Es una tarea que viene junto con el trabajo. Viene todo junto”, dijo Ivana, aceptando que son parte de las reglas, ya que deben “caminar los barrios” cuando se trata de campaña pre electoral, “ir a reuniones” y demás.
González también apuntó que “siempre te presionan con el tema del contrato”, el que se renueva “cada cinco o seis meses”.

Desesperanza

Los trabajadores que quedaron sin contrato se van comunicando y sabiendo que se trata de muchos: unos 50, calculan.
Pero en febrero podría haber más, aunque a los que no renovaron contrato también desde los altos cargos les adelantaron que estarán “tomando” a otros y pueden volver a estar en esa lista (de ingreso esta vez). Pero la situación es insostenible: “Mi abogado (Javier Baldussi) pide la reincorporación, porque entiende que no se explica cómo con un legajo impecable, sin causas se tome esta decisión. O cómo es que me siguieron contratando?”, se pregunta Ivana González.

Desidia

“En el gremio lo sabían y no hicieron nada”, insistió la mujer.
Como si fuera poco, en el SUOEM “ahora están de balance o de vacaciones y no te pueden atender”.
Se pregunta quién o cómo se maneja ese listado, pero no encuentra explicaciones.
González dijo que en su área hay otra trabajadora en esa situación, pero que las demás corresponden al área de Tránsito (y allí también de Pintura), Corralón, de Guardería y de la Universidad Popular (ver página 9).
“Todos los enero sube un año mi antigüedad, esta vez fue distinto. Te imaginás que tenés que decirle a tus hijos y tu pareja que te quedaste sin trabajo y por consiguiente sin vacaciones, sin poder pagar para ir a la pileta, justo cuando una de mis hijas comienza el secundario y los gastos que eso significa...”, se lamenta Ivana González, quien se animó a ponerle el nombre y la cara a los despidos que el municipio llevó adelante este comienzo de año en un marco de precarización laboral.