Beder Herrera, a cargo del Poder Ejecutivo de La Rioja, y a la cabeza de la estrategia para imponer la megaminería Metalífera a Cielo Abierto, desconociendo los derechos ciudadanos de la población afectada y la necesidad de obtener la Licencia Social para este tipo de emprendimientos, ha tomado la peor de las decisiones: imponer por la fuerza su voluntad.
Los que tienen acceso a las decisiones del mandatario e interiormente no comparten los justificativos del gobernador, han dejado trascender, la estrategia y la decisión que se está desarrollando por órdenes expresas del Poder Ejecutivo. La decisión es pasar “cueste lo que cueste”, en principio se le ordenó a la Justicia de Chilecito sacar la orden judicial de desalojar.
No es fácil para los funcionarios, y le están buscando la vuelta para justificarse. Una vez que esté la orden, se enviarán fuerzas policiales desde la capital para hacerla efectiva. Como la resistencia del pueblo es multitudinaria, ya nadie niega que la decisión del pueblo está tomada: aguantarán en el corte adultos, jóvenes, niños, hasta el final. Esto lo saben los policías de Famatina y Chilecito, incluida la nueva cúpula de la Seccional correspondiente. Ya se lo han manifestado a sus jefes superiores y también el deseo de no enfrentarse con la gente de su mismo pueblo y la visualización de que ellos lucharán con sus vidas; existiendo así la posibilidad de que haya heridos y lesionados. Esto se confirma con la licencia otorgada a la mayoría del personal policial residente en Famatina, y el remplazo por policías de La Capital.
Todo esto fue informado a la Justicia y al Poder Ejecutivo, y lamentablemente la decisión es seguir hasta provocar un desborde y heridos; lo cual lo habilitará para solicitar la participación de la Gendarmería, entonces se requerirá fuerzas de los destacamentos de las otras provincias e imponer la fuerza sobre el derecho a manifestar y protestar del pueblo de Famatina. Toda esta estrategia de llegar a la violencia no tiene justificativos. En el mismo convenio entre la Minera Osisko y la empresa estatal EMSE, en la cláusula Quinta 5.3, dentro de las obligaciones de la empresa estatal dice textualmente lo siguiente “La empresa por el presente se obliga a prestarle a Osisko toda la asistencia necesaria en la obtención de la Licencia Social y a comprometer sus mayores esfuerzos y diligencias a fin de obtener dicha Licencia Social en beneficio de Osisko”. Sin dudas lo convenido y firmado demuestra tres aspectos importantes:
1- Que no tenían la Licencia Social del pueblo de Famatina al momento de firmar el convenio.
2- Se reconoce que la Licencia Social nada tiene que ver con la obtención de los votos del gobernador en las últimas elecciones.
3- Y que está a la vista que el método del convencimiento no ha funcionado, ni ha logrado doblegar la voluntad de NO otorgar la licencia social; y que el Gobierno ha optado por utilizar la fuerza, la intimidación y la violencia para permitir el ingreso de la Compañía Minera Osisko.