El reconocido abogado Pilar Pedro Monesterolo no es uno de los tantos contratados que fueron desligados de la función en la Municipalidad en 2012. Por el contrario, el intendente Eduardo Accastello pidió expresamente la renovación por un año más del convenio que lo liga como asesor del Ejecutivo desde el año 2008.
El pedido llegó al Tribunal de Cuentas a través de una nota del jefe de Compras y fue aprobado con el doble voto del presidente del cuerpo, Carlos De Falco y el rechazo del Demócrata Cristiano (Partido Villamariense) José Naselli. El otro miembro del Tribunal, Francisco Maristany (UCR) estaba ausente por vacaciones.

Por qué no

En la Resolución Nº 17, Naselli expresa su rechazo a la prórroga, fundando su decisión en que el letrado no cumple las dos tareas asignadas en el contrato original. Cabe recordar que en el año 2008, Monesterolo es contratado para el asesoramiento jurídico al intendente y para desempeñarse como jefe del Gabinete de Asesores. Es decir, dos funciones específicas.
Después que los mismos tribunos cuestionaron en el año 2009 la incompatibilidad del cargo jerárquico con la jubilación que percibe de la Caja de la provincia, el Ejecutivo firmó un decreto en el que asegura, casi un año después de su designación, que el funcionario “no asumió ni desempeñó ni desempeña el cargo”, pese a que en la puerta de su despacho decía expresamente “Jefe del Gabinete de Asesores”. Con ese decreto, Monesterolo pasa a desempeñar una sola de las funciones asignadas.
Es por eso que el vocal del Tribunal de Cuentas José Naselli expresó su rechazo indicando que “esta sorprendente y absurda declaración -la que dice que Monesterolo no asumió el cargo- nos llevó a preguntarnos y preguntarle al intendente: si el doctor Monesterolo cobró y sigue cobrando en forma integral la contraprestación de su contrato, del que una parte de las obligaciones estipuladas nunca se cumplieron. ¿Qué es lo que entonces ha estado cobrando y cobra actualmente? Esa pregunta plasmada por escrito en febrero de 2010 nunca fue respondida ni por Accastello ni por el doctor Monesterolo”.
Sin cuestionar la potestad del intendente para elegir a sus asesores ni la capacidad intelectual del abogado para el cargo, Naselli entiende que el precio del contrato debería ajustarse “a esa realidad fáctica”. Y agrega: “Dicho en otras palabras, no tengo la menor duda de que la Municipalidad está pagando por servicios contratados que no se prestan y Monesterolo está cobrando por servicios comprometidos que jamás fueron prestados”.

Por qué sí

Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos De Falco, expresó las razones que lo impulsaron a aprobar la renovación del contrato.
En primer lugar, ratifica que el intendente “tiene todo el derecho de contar con el asesoramiento de profesionales de su confianza”.
Agrega además que “a nadie escapa los valores profesionales y públicos del doctor Monesterolo, tanto sea en la actividad profesional, docente y sobre todo, en la pública, en la cual tuvo diversos cargos de relevancia”.
El otro aspecto que lo impulsa a aprobar la renovación por un año más es que el mismo órgano que hoy preside, aprobó el contrato el 15 de mayo de 2008 y es el que hoy da origen a la prórroga solicitada.
Finalmente, entiende que además de lo expuesto, que constituyen razones “por demás suficientes” para aprobar el pedido, existe una resolución judicial que “ha avalado el pago del contrato cuya prórroga aquí se decide”.
Este último párrafo, hace referencia a la determinación del juez Fernando Flores, quien dio la razón a Monesterolo cuando presentó un recurso para seguir cobrando la jubilación provincial y los honorarios de la Municipalidad.

Un aumento del 192% en cuatro años

El contrato original, preveía un monto de 4.800 pesos más IVA de honorarios mensuales para Monesterolo. En el mismo documento legal, se establece que la retribución se ajustará periódicamente en la misma proporción en que se incremente la Unidad Arancelaria (JUS) o la Unidad Económica (UE) para honorarios profesionales de abogados y procuradores, o el haber de los secretarios del Departamento Ejecutivo.
Según el pedido del intendente, el ajuste se hizo en función del último punto, por lo que el honorario mensual del letrado fue fijado en 13.929,27 pesos más IVA.
Esto representa un incremento del 192% en cuatro años.