Escribe

Dr. Carlos R. De Falco*


Las constituciones son instrumentos solemnes que disponen “declaraciones” políticas, establecen los derechos y obligaciones de los habitantes y del Estado con ellos y determinan las autoridades de la Nación y sus competencias, como así también la de las provincias y el régimen municipal y finalmente configuran un orden de valores sociales (justicia, libertad, igualdad, etcétera) que constituyen la esencia de la vida en sociedad.
Estas, de acuerdo al sistema de reforma, pueden ser flexibles o rígidas; las primeras se reformulan por el propio Poder Legislativo -poder constituido- y las segundas con un procedimiento especial, por un poder Constituyente electo al efecto, como es el caso de nuestra Carta Magna. En buen romance debemos afirmar que toda constitución puede ser modificada, ya que si bien este instrumento solemne nace para perdurar en el tiempo dando certeza jurídica a todos, no es menos cierto que la evolución de la Humanidad, su pensamiento y acción, hacen necesaria la adaptación del texto legal superior que tiene la Nación.
Es así que se efectuaron hasta el presente, en la República Argentina, cinco (5) reformas estatuidas por los canales legales válidos (años: 1860, 1866, 1898, 1949, y 1994) y dos reformas impulsadas y llevadas a cabo por gobiernos ilegítimos (años: 1957 -modificación impulsada por Aramburu y Rojas para convalidar la derogación de la reforma del año 1949- y 1972 -directamente realizada por la Junta Militar-.
Como se podrá apreciar, no es que nuestra Carta Magna sea invariable en el tiempo, sino que se puede -y diría que es necesario, cada tanto- adaptarla a los cambios, no sólo políticos, sino generales que vive el mundo y, en especial, el pueblo argentino.
¿Quién podrá estar en contra de haber instaurado en la modificación de 1949 los derechos sociales o en 1994 el derecho a un ambiente sano, el derecho de los consumidores, la garantía de los derechos políticos, la incorporación con rango constitucional de tratados como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño, etcétera.
En orden a lo expuesto nos preguntamos, ¿es válido debatir sobre la necesidad o no de la reforma constitucional? Siendo la respuesta afirmativa, seguir interrogándonos: ¿qué implicancias tiene? Y finalmente: ¿ello entraña de por sí la reforma?
Primariamente debo señalar, como ejercicio democrático, que siempre es virtuoso y necesario discutir, estudiar y considerar todo tema que hace a la cosa pública y, entre ellos, una posible reforma constitucional, sobre todo cuando ha pasado un cierto tiempo desde la última modificación y han cambiado de manera sustancial la política social y económica de la Nación. Nadie podría, a mi criterio, disentir sobre el giro copernicano de la política argentina en la última década, frente a la anterior. Entonces por qué no debatir el rol de la propiedad y su función social, la responsabilidad frente a la comunidad de los medios de producción, la participación de los trabajadores en la formación de riquezas y, cómo no, el perfeccionamiento de nuestras instituciones políticas, la reformulación de las mismas, etcétera, etcétera.
Es claro entonces que para concretar algún acto de gobierno importante o una enmienda constitucional es necesaria una amplia discusión de todos los actores políticos y sociales, en fin, de la sociedad en su conjunto. Es impensado que sólo por el mecanismo legal se pueda llegar a ese objetivo. Debe existir un consenso general para ello, que sólo se logra con la expresión de las ideas para lograr una síntesis de las mismas que determinarán o no en el órgano pertinente (Poder Legislativo) la voluntad de poner en marcha el camino del cambio.
Bien señala la tratadista María Angélica Gelli que “toda reforma constitucional, aunque se opere por medio de normas, constituye una acción esencialmente política pues pone en funcionamiento la faz arquitectónica de aquélla”.
Entonces todos aquellos que alzan sus voces diciendo que es un delirio o un riesgo o aventura o un “peligro” (sic) discernir sobre la necesidad de una reforma se tornan, ciertamente a mi criterio, en practicantes de la antipolítica.
La política no puede ser reducida solamente al “arte de gobernar”, sino es, en esencia, la discusión de ideas, propuestas, medios y finalmente la acción.
Rehusar el intercambio de opiniones es evadir la responsabilidad que cada uno tenemos como hombres políticos en esta sociedad, pensemos como pensemos.
Por lo tanto, bienvenido sea todo cambio de opiniones aún distintas a las propias, porque ello permitirá al pueblo hacer su propia síntesis de los temas propuestos. Esta última afirmación da respuesta a la segunda pregunta formulada respecto a la implicancia de la discusión, que en definitiva nos conducen al enriquecimiento del pensamiento popular que llevará a un mejor desarrollo de la Nación.
Por último, debemos señalar, aunque parezca ocioso, que esta discusión no implica en sí misma la enmienda constitucional. Aún cuando exista cierto consenso -que es el primer escalón- se deben recorrer caminos legales tales como la declaración de la necesidad de la reforma por parte del Congreso de la Nación con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Esto involucra dos cuestiones muy importantes: la primera que por un lado en la decisión están representadas las autonomías provinciales (Cámara de Senadores) y por el otro el pueblo (Cámara de Diputados) y la necesidad de una mayoría agravada que va más allá de los legisladores del frente gobernante y que requiere de parlamentarios que tienen un pensamiento distinto, por lo menos en algunos temas, al Gobierno.
Luego de ello se deberá elegir, por el pueblo, una convención constituyente donde, por el sistema de elección -D‘Hont- estarán representadas todas las fuerzas políticas y se establecerán o no de manera estudiada y debatida los puntos de reforma.
Por lo tanto, y retomando el tema en análisis, enhorabuena sea la palabra respetuosa y tolerante como instrumento de conocimiento y perfeccionamiento del sistema, sea por una expresión favorable o no a una enmienda constitucional.

*Presidente del Tribunal
de Cuentas de la
Municipalidad
de Villa María

...“Rehusar el intercambio de opiniones es evadir la responsabilidad que cada uno tenemos como
hombres políticos en
esta sociedad, pensemos como pensemos.”