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Horacio Vázquez, fiscal Correccional de los Tribunales de Villa María |
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Tras confesar que habían ingresado ilegalmente a sendos terrenos de barrio Las Acacias en febrero de 2008, donde luego construyeron sus precarias viviendas, dos albañiles fueron condenados ayer a seis meses de prisión de ejecución condicional (en suspenso), al cabo de un juicio abreviado que se sustanció en la Cámara del Crimen de Villa María.
Pablo Daniel Peralta, de 30 años de edad, y Diego Rubén Quinteros, de 32, fueron declarados coautores responsables de “usurpación”, delito que es castigado con prisión de seis meses a tres años por el artículo 181 del Código Penal de la Nación.
Como los dos trabajadores de la construcción habían reconocido los hechos durante la audiencia inaugural del proceso, celebrada el lunes, la camarista Silvia Saslavsky de Camandone hizo lugar a un pedido formulado por el fiscal Correccional, Horacio Vázquez; el representante de la Querella, Antonio Alarcos, y la asesora letrada Ana María Díaz, defensora de los dos acusados, para que el juicio fuera de trámite abreviado.
Si bien en un primer momento tanto Peralta como Quinteros ensayaron una posición exculpatoria sobre la ocupación de los lotes ubicados sobre calle Los Ombúes, entre Los Paraísos y ruta 158, en el citado barrio villamariense, el peso de las pruebas terminó por inclinar la balanza y obligó a los dos usurpadores a confesar que habían ingresado ilegalmente a los predios, propiedad del fallecido abogado local Víctor Hugo Callegaris.
Se trata de dos terrenos de 800 metros cuadrados cada uno (20 por 40), en los que Peralta y Quinteros edificaron dos humildes viviendas de material, pero con techos de chapa, que ahora tendrán que abandonar una vez que quede firme la sentencia dictada en la víspera.
Como dicho plazo procesal demora un par de semanas en concretarse, los albañiles condenados deberán desalojar los sitios dentro de exactamente un mes.
Durante la audiencia de debate de ayer, que demandó apenas una hora, pronunciaron sus alegatos las partes, posteriormente Quinteros y Peralta hicieron uso de la “última palabra” y, por último, la jueza dictó el veredicto.
El fiscal Vázquez fue quien solicitó la condena finalmente aplicada, ya que ninguno de los imputados tenía antecedentes penales computables que hubiesen agravado la situación. Seguidamente, el querellante y la defensora oficial adhirieron al pedido del acusador público.
Cabe señalar que tanto Vázquez como Alarcos reclamaron el inmediato “desahucio” (expulsión) de los usurpadores, a los efectos de que los herederos de Callegaris recuperen a la brevedad la posesión de ambos lotes.
Al expresarse antes de la sentencia, Peralta y Quinteros solicitaron que se les concediera un plazo prudencial para poder abandonar los terrenos y llevarse sus pertenencias, pero ninguno de los dos se disculpó ni se mostró arrepentido por el ilícito cometido.
Cabe señalar que el fallo condenatorio dictado en la víspera marca una nueva instancia procesal, no porque sea novedoso o haya sentado un precedente, sino porque son varios los casos de usurpación denunciados en los últimos años en los Tribunales villamarienses que en los próximos meses llegarán a juicio.
A cuatro años…
Los lotes, que estaban cercados con un alambrado perimetral más bien precario, fueron ocupados en febrero de 2008 y durante los primeros días de marzo de ese mismo año, el abogado fallecido en abril pasado radicó la correspondiente denuncia penal en la Fiscalía de Instrucción de turno.
Peralta y Quinteros fueron imputados de “usurpación”, hasta que el 11 de octubre de 2008, el Juzgado de Control ordenó que se clausuraran los accesos a los terrenos, medida que se llevó a cabo ese mismo día.
Sin embargo, pocas horas después los albañiles rompieron las fajas y volvieron a ingresar para seguir construyendo sus viviendas.
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