Con la lectura de la pieza acusatoria, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba comenzó el juicio que se les sigue a ex miembros del Comando Radioeléctrico de la Policía provincial por el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Peronista (JP), ocurrido en junio de 1976, durante la dictadura.
El tribunal, integrado por los camaristas José María Pérez Villalobo, Carlos Lascano y Fabián Asís, juzga a los ex policías Pedro Nolasco Bustos (57), Jorge Vicente Worona (65) y José Filiberto Olivieri (67), quienes están imputados como responsables de las muertes de Jorge Manuel Diez, Ana María Villanueva y Carlos Delfín Oliva, quienes al momento del fusilamiento tenían 23, 20 y 26 años, respectivamente.
Olivieri es oriundo de Oliva y desde hace varios años se encuentra radicado en su ciudad natal, aunque con prisión domiciliaria, régimen que consiguió el abogado olivense Gabriel Razuk que lo patrocina en este trascendental juicio. En tanto, Bustos y Worona se encuentran detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Bouwer.
Durante la primera parte de la audiencia del cuarto juicio que se lleva a cabo en Córdoba por crímenes de lesa humanidad, la secretaria de Cámara, Lorena Castelli, procedió a la lectura de la acusación contra los ex policías.
En su transcurso, la funcionaria judicial se refirió al marco histórico en que se produjeron los hechos, durante la dictadura cívico-militar a través del demonizado “Operativo Ventilador”, implementado con la finalidad de “aniquilar la subversión”.
El escrito leído por Castelli califica al terrorismo de Estado como la forma “más aberrante que se pueda concebir, porque quien la ejerce dentro del poder debiera velar por los derechos de los demás”.
En la acusación también se brindaron detalles del procedimiento en el cual los militantes de la JP fueron fusilados, en el que se efectuaron 170 disparos.

Hace casi 36 años atrás…

El hecho ocurrió el 2 de junio de 1976, alrededor de las 10 de la mañana, cuando en la esquina de las avenidas Caraffa y Octavio Pinto, en barrio Villa Cabrera de la capital provincial, se encontraban conversando Villanueva, Diez y Oliva, junto a Héctor Ernesto Hunziker, quien permanece en condición de desaparecido.
En esa oportunidad, los jóvenes estudiantes observaron a una persona que habría pertenecido al Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia (D2), por lo que decidieron alejarse del lugar.
Hunziker lo hizo caminando y Villanueva, Oliva y Diez lo hicieron a bordo del automóvil Fiat 128 de este último.

Feroz golpiza

Apenas puesto en movimiento, el rodado fue interceptado por dos vehículos del Comando Radioeléctrico de Córdoba y, al intentar huir, los jóvenes estudiantes fueron detenidos por los policías Bustos, Worona y Olivieri, quienes estaban junto a sus colegas Andrés Rojo, Antonio Polakovich y Pedro Colazo.
Posteriormente, y tras recibir una feroz golpiza por parte de los uniformados, Villanueva, Diez y Oliva fueron trasladados en uno de los móviles policiales a un descampado ubicado en inmediaciones del predio conocido como Chateau Carreras (cerca del ex Estadio Córdoba), donde fueron fusilados.
Según consta en la resolución judicial, en aquella oportunidad se informó que las muertes se habrían producido a raíz de un supuesto enfrentamiento armado entre los efectivos de seguridad, que realizaban un control vehicular, y “extremistas”.
Por esta causa, Bustos, Woroná y Olivieri son juzgados por el presunto delito de “privación ilegítima de la libertad agravada” y “homicidio calificado”.
Luego de la lectura del auto de elevación a juicio, el abogado Alvaro Gáname, codefensor (junto a Benjamín Sonzini Astudillo) de los imputados Bustos y Worona, solicitó la suspensión de la audiencia y la nulidad del juicio por considerar que existe una “pérdida de la imparcialidad”, a raíz de las recusaciones interpuestas contra los jueces y que fueran rechazadas por la Cámara Nacional de Casación Penal.

“Para dilatar el debate”

Por su parte, el fiscal Carlos Gonella solicitó se rechace lo solicitado por Gáname, al señalar que esta actitud forma parte de la estrategia de la Defensa de “dilatar el debate”.
“Nunca vi tantas recusaciones interpuestas ante este tribunal; es un verdadero festival de recusaciones” que forman parte de las “chicanas y maniobras para dilatar el debate y obstaculizar el proceso judicial”, dijo Gonella, posición a la que adhirió el abogado querellante, Claudio Oroz.
Luego, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta hoy a las 9 para resolver los planteos realizados durante la audiencia.

Menéndez y los otros implicados

En esta causa también estaba imputado el represor Luciano Benjamín Menéndez, quien fue apartado de la causa debido a que debe afrontar juicios que se le siguen por crímenes de lesa humanidad en otras jurisdicciones.
También fueron apartados por fallecimiento los ex policías Rojo, Polakovich y Colazo, que también formaron parte del operativo policial.
Durante la primera audiencia, estuvieron presentes María Cristina Vázquez, secretaria de Derechos Humanos de la Nación, y Enrique Asbert, de la misma repartición.
También asistieron Graciela Chayep, ministra de Justicia de la provincia de Córdoba; Jorge Cuetas, director de DD. HH. de la provincia; Adrián López, de DD. HH. de Chubut; la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, y la titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres.