El gremio de los judiciales (AGEPJ) continúa en su plan de lucha con el fin de lograr una recomposición salarial, como así también ser escuchado en los distintos reclamos que mantiene desde hace tiempo.
En la mañana de ayer, en la sede de los Tribunales villamarienses, los trabajadores desarrollaron una asamblea informativa. En la ocasión, los dirigentes explicaron los alcances de la reunión que mantuvieron con el legislador oficialista José Pihen, como así también con la Asociación de Magistrados y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Jorge Montes, secretario general de la entidad sindical en Villa María, dijo a EL DIARIO que “tras la reunión que mantuvieron ayer (por el miércoles) con el TSJ no recibieron una oferta salarial, por lo que las expectativas no son buenas”. También el gremialista sostuvo que los magistrados “no están de acuerdo con la Ley de Porcentajes”, mientras que el pedido de aumento ronda el 28%.
Conocida la situación, se decidió que se continúe con las asambleas semanales y se trabaje a código (lo que hará que las tareas se vean resentidas).
Mientras tanto, el próximo miércoles, la Comisión Directiva gremial mantendrá una nueva reunión donde Montes, según lo expresó a este medio, propondrá “paro de actividades”. Tampoco sería sorprendente que la semana venidera los trabajadores se movilicen por las calles villamarienses.
Es importante destacar que, además, buscan firmar un acuerdo salarial (en caso de que exista) por seis meses, mientras que la otra parte requiere que sea por un año.

@ Sin solución

“No hay soluciones económicas ni políticas”, manifestó, a la vez que agregó que “hay falta de empleados, ascensos y salarios básicos deteriorados”.
Se conoció que a Pihen le propusieron que trate el porcentual y cambie la antigüedad de los trabajadores.
El legislador (que además es el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos) les aclaró que el Gobierno provincial no tiene dinero para dar un aumento salarial y que la oferta no superaría el cinco por ciento.
También, en las próximas semanas mantendrían una reunión con el jefe de Gabinete Oscar González por dicha situación, que parece no encontrar solución.

@ Reclamos

Tal como habíamos anticipado días atrás, los principales reclamos son: solución a la Ley de Porcentajes, pago de Impuesto a las Ganancias, aporte jubilatorio (a los empleados les descuentan un 18%, mientras que a los jueces un 22 %, pero se les reintegra un 10% para que se equipare con el descuento a nivel nacional) y la grave situación edilicia.
@ Utracos: Renovaron autoridades
Recientemente se realizaron las elecciones para renovar las autoridades del gremio de comercio que se formó tras las diferencias manifestadas con el Centro de Empleados de Comercio.
Se trata de la Unión de Trabajadores de Comercio y Servicio (Utracos) de Villa María, que eligió como secretario general a Marco Priotti y como adjunta a Karina Quevedo, de la Lista Blanca, la única que se presentó en un comicio del que participó el 73% del padrón.
En Finanzas, fueron electos Matías Priotti y Malena Suárez; en Organización, Estela Donadío; en Capacitación, Marisa Cabral, y como vocales están Rubén Carrozzi, Gerardo Fonseca y Natalia Olaviaga.
La Comisión Revisora está integrada por Andrés Fernández y Lucrecia Carlomagno, como titulares, y Clelia Vilche y Nizolás Rizzo, como suplentes.
Además, fueron electos los congresales a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Como titulares, va Marco Priotti y María Gómez y, como suplente, Rubén Carrozzi.
Utracos está adherido a la CTA y tiene en Villa María 155 afiliados. Funciona en Lisandro de la Torre 32 de esta ciudad y abarca una importante región.
@ Paicor y Plan Nacer, con contratos
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) informó que las cocineras del Paicor y las monotributistas del Plan Nacer serán pasadas a la categoría de contratadas, en cumplimiento del Acta- Acuerdo firmada con el Gobierno el 23 de diciembre pasado. En consecuencia, estos trabajadores percibirán su salario como contratados con los haberes del mes de febrero, mejorando la condición en la que se venían desempeñando, aunque aún no adquirieron el estatus de empleado público.