La fiscal Dolores Romero Díaz, de Córdoba, decidió ayer imputar al comisario Pablo Márquez por los delitos de coacción y abuso de autoridad reiterado, en una resolución que resulta inédita en la Justicia aunque, cabe consignar, diversas agrupaciones sociales venían reclamando una medida de este tipo desde hace al menos cuatro años.
La imputación del funcionario policial fue resuelta luego de que tres efectivos de la fuerza denunciaran a Márquez, quien les habría dado órdenes de efectuar detenciones arbitrarias con el mero objetivo de elevar las estadísticas de logros de la Policía, independientemente de que los aprehendidos hubieran cometido delitos o contravenciones.
Los denunciantes, quienes están a cargo de Márquez, habrían recibido la expresa directiva “de producir detenciones a fin de elevar las estadísticas, existan o no razones para proceder”, “sobre la base de procedimientos no ajustados a la ley, y por tanto ilegales, que afectan y vulneran gravemente los derechos y libertades de los ciudadanos”, expresa literalmente una de las denuncias.
Cabe consignar que cuando se realizaron las denuncias contra Márquez, en noviembre de 2011, el comisario era el jefe de División del Comando de Acción Preventiva (CAP).

Código sin códigos

Es oportuno señalar que el Código de Faltas -herramienta que habilita a la Policía a practicar detenciones cuando existen contravenciones- es desde hace tiempo criticado por diferentes organizaciones sociales, entre ellas la villamariense VACAP (Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales), porque afirman que el mencionado Código permite efectuar detenciones arbitrariamente, utilizando, por ejemplo, figuras como la del “merodeo”.
Por su parte, desde el Gobierno se asegura que es una herramienta para detener de manera rápida a quienes cometen contravenciones y delitos y así luchar contra la inseguridad.