Los concejales del Partido Villamariense Georgina Etchegaray y Darío Capitani presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza por el cual se fijan los porcentajes para acceder a la exención del pago de la Tasa de Servicios a la Propiedad.
En el proyecto también se propone abrogar la Ordenanza 5.645, aprobada en 2006, la cual establece que están eximidos de pagar el tributo los integrantes del sector pasivo que perciban el valor de una Prestación Básica Universal (PBU).
Según manifestaron los ediles del PV, con la iniciativa “se quiere beneficiar a un mayor número de jubilados y pensionados que, con la normativa actual, quedan fuera de este beneficio”.
Para lograr el objetivo los legisladores locales buscan que el mínimo vigente se amplíe a dos PBU, con lo que se incrementaría la cantidad de jubilados y pensionados que alcanzaría el marco legal con sus designios.
Es preciso indicar que la PBU, aplicable a partir de marzo, se fijó en 797,02 pesos (fue oficializado el jueves pasado a través del Boletín Oficial). En suma, y de aprobarse la norma, se integrarían al grupo de exentos los que tienen haberes jubilatorios de hasta 1594,04 pesos.
En cuanto a los pasivos que excedan el mínimo de dos PBU, la medida los alcanzará de manera gradual. Es decir los que sobrepasen el límite demarcado en un 15% serán exentos en un 75% y para aquellos que alcancen el 30%, la exención será del 50%.
Quedarán fuera del beneficio aquellos cuya Prestación Básica supere el 30%.
“Podrán acogerse a este régimen los jubilados y/o pensionados que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y la suma de los ingresos netos mensuales de las personas que convivan en el inmueble -sujeto a exención-, se ajusten a la escala contemplada (que fuera expuesta anteriormente)”, también resalta otro artículo de la normativa.
Entre los factores motivantes que impulsaron la creación del proyecto de ordenanza, los ediles del PV destacaron el hecho de que “jubilados y pensionados, luego de años de labor y de efectuar los aportes para una jubilación digna, en la actualidad y atento a los aumentos abrumadores que han tenido en sus erogaciones obligatorias (canasta familiar, medicamentos, impuestos, alquileres), se encuentran en la necesidad imperiosa de acudir a la buena voluntad de familiares para que contribuyan con sus gastos”.
“Considerando los aumentos existentes, parece a todas luces apropiado modificar los parámetros para las exenciones impositivas de este sector, teniendo en cuenta los bajos haberes que perciben”, indicaron además los referentes del bloque costista.
Finalmente resaltaron, para justificar la medida propulsada, que “muchas de las jubilaciones y pensiones no llegan al mínimo establecido como Salario Mínimo, Vital y Móvil, considerado casi como un umbral de pobreza”.
En conclusión, “es deber del Estado el impulsar este tipo de beneficios a sectores desprotegidos, como así también impulsar planes de asistencia social e integral para las personas de la tercera edad como lo expresa la Carta Orgánica Municipal (COM), apuntaron los integrantes de la oposición.