Tal como lo habían anticipado semanas atrás, los tribunos Gustavo Maristany y José Naselli presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), una demanda contra el Concejo Deliberante por considerar anticonstitucional la ordenanza (aprobada en diciembre de 2011) que regula la actividad de los integrantes del Tribunal de Cuentas.
La acción, concretada ayer en el Palacio de Tribunales situados en Córdoba, se erige como un hecho sin precedentes en la historia institucional de Villa María.
Los vocales de la oposición para cumplimentar el trámite en la Secretaría Electoral y de competencia originaria del TSJ, contaron con el acompañamiento de los abogados Antonio María Hernández (padre e hijo) que cumplen con el rol de patrocinar legalmente a los funcionarios villamarienses.
En el espacio legal, los tribunos y sus patrocinantes letrados, entregaron la documentación correspondiente a la demanda.
"Aquí se ha planteado un conflicto interno municipal de poderes. De acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la provincia de Córdoba en su artículo 156 inciso 1 apartado C, es el TSJ el único órgano que tiene competencia exclusiva, originaria y que además debe resolver en pleno este tipo de importantes divergencias institucionales", indicó Hernández (p) en diálogo exclusivo con EL DIARIO.
El especialista de Derecho constitucional consideró que el Concejo Deliberante local, “de manera groseramente inconstitucional, ha violado la Carta Orgánica Municipal, la Constitución de la provincia y aún la Constitución Nacional” al aprobar en diciembre de 2011 la ordenanza que reglamenta la actividad de los tribunos.
El también ex constituyente indicó que la grave falencia en que habrían incurrido los ediles oficialistas y del bloque Ateneo “Eva Perón” fue “desconocer (con su decisión) la jerarquía, independencia y funciones de control que tiene el Tribunal de Cuentas, un órgano que tiene el municipio con el mismo e indiscutible nivel que los demás estamentos de Gobierno”.
El próximo paso legal será esperar la determinación de los integrantes del TSJ que deberán reunirse para analizar la presentación y definir el futuro inmediato del polémico dispositivo legal.