Luciana Giménez, una joven mamá de tres hijos, está luchando sola para sacar adelante a su familia. Pero ayer tuvo un duro golpe cuando los oficiales de Justicia golpearon la puerta de su casa para decirle que, por orden del juez, debía dejar el lugar.
“Pedí un día más para organizarme. Pero no me dejaron”, dijo Luciana a EL DIARIO.
Anoche durmió en la casa de familiares y a sus pertenencias las dejó en propiedades de amigos. Todo fue de golpe, dado que hasta ayer tenía la esperanza de que la DPV la dejara continuar en ese lugar. “Yo sabía que me habían iniciado juicio de desalojo, pero te imaginás que sin un trabajo estable no puedo pensar en pagar un abogado para dar a conocer mi posición, que es sencilla: las casas del barrio no se pueden alquilar y por lo tanto, no pueden desalojarme”, agregó.
Pese a todo, ayer la dejaron sin techo para su familia y por eso pide ayuda.

La historia

Luciana decidió, hace cuatro años atrás, alquilar una casa del barrio Industrial, donde se erigen 96 casas de la Dirección Provincial de Vivienda.
“Al principio, me cobraban un alquiler razonable, pero después no lo podía pagar más”, dijo Luciana a EL DIARIO relatando que en los primeros años pagó 600 pesos y que ahora le quisieron cobrar 1.500. Cabe señalar que la cuota de la vivienda es de 180 pesos mensuales fijos.
Pero lo extraño de la historia es que la adjudicataria, Griselda del Valle Godoy, no ocupa la vivienda cuando es uno de los requisitos para seguir siendo titular de la casa.
Pero más extraño aun es que el juicio de desalojo lo inició sin la intervención de la DPV, dejando sentado en la Justicia que había alquilado lo que no se debía alquilar, porque las normas de las viviendas sociales establecen claramente que, hasta terminar de abonar la propiedad no se puede ceder a terceros.
Frente a este panorama, Luciana decidió recurrir a la Dirección Provincial. “Me armaron un expediente porque quedó claro que yo tengo los servicios a mi nombre y registraron todo lo que fui pagando. Me dijeron que me quedara lo más que pudiera, que iban a tratar de sacársela a la familia que no cumplió y dejármela a mí que la habitaba. Pero ayer me tuve que ir porque vinieron con policías y todo”, dijo.
Tras lo ocurrido se comunicó con José Escamilla, presidente del Concejo Deliberante, para pedir ayuda. “El concejal me dijo que va a hacer todo lo posible en Córdoba”, indicó.
Luciana, con sus jóvenes 27 años y sus pequeños niños de 8, 4 y 1 año y medio, deberán pensar qué hacer mañana para poder seguir luchando juntos y bajo un techo digno.