Una nueva polémica comienza a perfilarse en torno a las multas por infracciones de tránsito.
El disparador es la página web de la empresa que otorga las licencias de conducir, Vial Parking.
Concejales del Partido Villamariense (PV) detectaron que en el sitio existe un enlace bajo el título “Consultar causa por infracciones”. Al hacer click en la palabra “consultar” los legisladores se llevaron una sorpresa.
En dicho sitio aparece un listado de nombres de personas con una supuesta deuda por multas desde 2003 en adelante.
La bancada integrada por Darío Capitani y Georgina Etchegaray imprimieron la información y se encuentran preparando un pedido de informes.
“El listado ocupa 195 páginas A4 y el monto aproximado asciende a 2.780.388” pesos, indicó Capitani, consultado por la cronista de EL DIARIO.
Para el legislador esta publicación representa un “hecho grave”.
“Vamos a pedir informes al secretario de Gobierno Javier Suppo, queremos conocer por qué una empresa privada hace pública una información que afecta a vecinos y que es una base de datos del Estado.”
Para los concejales de la oposición es necesario conocer bajo qué concepto y en calidad de qué hicieron la mencionada publicación.
“Vial Parking es una empresa que se hizo cargo de una concesión que tenía ATGE, otorga los carnés y cómo es el acuerdo con el municipio con respecto a las multas es otra cuestión que queremos saber”, afirmó Capitani.
El edil señaló que pedirán una audiencia con Suppo para dialogar sobre el estado de esas multas. “Es una suma millonaria y queremos escuchar las explicaciones correspondientes y si la empresa se lleva un porcentaje de las multas.”
De acuerdo a un análisis realizado en las últimas horas, existen multas pendientes de pago que no figuran en el listado y otras que figuran, pero que ya habrían sido abonadas años atrás.
¿El importe que figura en la publicación es la totalidad de la supuesta deuda?, es otro de los interrogantes que plantearán los ediles del Partido Villamariense.
Pero pondrán énfasis en que “una empresa privada no puede utilizar información que es propiedad del Estado y que afecta a contribuyentes”.