Un grupo de guardavidas villamarienses, denunciaron "irregularidades e incumplimientos" de la comuna a la ley 8.939 que regula la actividad de los agentes de prevención.
Para los miembros de la agrupación, existe una "falta de interés real y concreta de las autoridades municipales responsables de la prevención y seguridad en el ámbito del río Ctalamochita".
Los nucleados en la Federación Argentina de Guardavidas (FAG), resaltaron como negativas las decisiones oficiales en cuanto "al armado de la prevención de las playas y la contratación indebida de personal sin formación en la tarea a desarrollar".
Los trabajadores, representados en la ciudad por Aldo Domínguez, también señalaron "la discriminación ejercida sobre aquellos residentes que llevan años de trabajo y experiencia en la actividad que se atrevieron a manifestar sobre las irregularidades cometidas en estos años".
Por expresarse en búsqueda de soluciones en conjunto, los denunciantes revelaron que muchos perdieron sus puestos de trabajo.
"Llevamos casi una año intentando generar diálogo directo con soluciones efectivas sobre temas importantes como son la salud y seguridad pública de las personas (residentes y turistas)", indicaron los autores del comunicado que rubrica el secretario General de la FAG, Sergio D. Ossola.
A renglón seguido, los redactores del manifiesto sentenciaron respecto a la imposibilidad de encontrarse: "Esto no es así por negativa y porfía de las autoridades que pujaron todo un año por mantener sus cargos públicos".

Desaciertos oficiales

En otro párrafo de la denuncia, los referentes de la FAG, hacen hincapié en cada una de las falencias que los guardavidas tuvieron que afrontar el pasado verano.
"Hemos concurrido a la costa del río y visto e inspeccionado el lugar nos encontramos con el plantel de guardavidas reducido a la mitad", comenzaron diciendo para luego enumerar que se toparon con personal "sin materiales idóneos ni identificación que los destaque del resto de la concurrencia".
Según dijeron, los encargados de brindar seguridad en la ribera no tuvieron "radios de comunicación y tampoco base operativa en el lugar donde se desempeñaban".
Otra carencia fueron los "magros botiquines (entregados con dos meses de demora a pesar de haber estado ya presupuestados en octubre de 2011) y la ausencia de lugares para proteger al trabajador de las inclemencias del tiempo".
"No existen embarcaciones aptas para el rescate de posibles víctimas", dicen los ideólogos de la misiva recordando que lo más cercano a este vehículo es una piragua (¡a remo!) que llegó como elemento naútico de última tecnología a mitad de temporada y que sólo podía ser utilizada con un permiso especial.
"No se cuenta con una coordinación entre el Cuerpo de Guardavidas y las autoridades de Salud y policiales ante una emergencia. Tampoco existen acciones preventivas para los bañistas, remeros y náuticos", subrayaron los de la FAG.
A todo lo dicho, la denuncia suma "las amenazas verbales de no volver a contratar en la temporada 2012-2013 a aquellos que participaban de reuniones o capacitaciones promovidas por la Federación Argentina de Guardavidas u otra entidad del rubro.
Sin abordar, pero tenidas en cuenta, quedan las condiciones salariales y otras acciones de descrédito hacia los profesionales tales como la denominación de "guardacostas" (prescripto por ordenanza).
"La incapacidad e incompetencia supera cualquier lógica (si es que existe alguna). Es nuestra obligación informarle a la comunidad toda que el servicio de guardavidas de Villa María se encuentra reducido y limitado (desde diciembre de 2011) en sus funciones por disposición de las autoridades comunales a cargo del área (...) que por usted, su salud y su seguridad en el río no van a hacer nada", concluyeron los responsables de la acusación.