A 36 años del genocida golpe militar, el Frente Amplio Progresista marcha por la verdad y la justicia. Pero sobre todo marchamos por los derechos que nos faltan, convencidos, de que la verdadera defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.) no debe ser sólo la lucha por la memoria y contra las violaciones cometidas por el terrorismo de Estado, como se plantea desde el discurso oficial. No son DD.HH. sancionar leyes antiterroristas que sólo buscan poner límites a la protesta social con la excusa de combatir el lavado de dinero ni llevar adelante políticas productivas extra-activistas que generan contaminación, despojándonos del derecho humano a un ambiente sano, como la megaminería contaminante, el monocultivo de la soja y que desplazan reprimiendo salvajemente a los pobladores y pueblos originarios, sólo para el beneficio de las multinacionales y de los capitales nacionales concentrados en connivencia con el poder político. Tampoco es propio de una política de defensa de los DD.HH. que la Gendarmería espíe a las organizaciones políticas, sociales y comunitarias que reclaman en contra las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional, utilizando para ello el mecanismo de inteligencia del Estado. Se vulneran los DD.HH. con 10 millones de pobres, con un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan y cada vez que uno de cada tres trabajadores está en situación precaria e informal. No son DD.HH. tolerar la corrupción de los que se enriquecen con los subsidios de los trenes mientras compatriotas pierden su vida por la falta absoluta de controles y sanciones por el incumplimiento de los socios del Gobierno nacional. Resulta paradójico que quienes fueran menemistas fanáticos y desde sus bancas o lugares de poder convalidaran todas las políticas neoliberales de la década del ‘90, ahora pretendan convertirse en los abanderados de la defensa del Estado de Bienestar. Reivindicamos la labor judicial que viene dando pasos importantes para romper la impunidad que amparó no sólo a los ejecutores, sino a los sectores sociales privilegiados que se beneficiaron con el terrorismo de estado. En este sentido, el reciente juicio al Comando Radioeléctrico por el asesinato de tres estudiantes militantes debe complementarse con una política de seguridad que destierre de la fuerza policial, la impunidad con la que actúan hoy miembros de la CAP en la persecución a los jóvenes y a los pobres, amparados por el poder político del gobernador de la Sota. Promovemos la reforma del código de faltas erradicando artículos como el merodeo que tienen un claro sentido discriminador y de persecución de los sectores sociales más desprotegidos de Córdoba. El mismo de la Sota que hace poco tiempo recriminó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “que tendrían que haber cuidado más a sus hijos”, ahora quiere lavarse la cara utilizando vilmente la imagen de los adolescentes víctimas de “La noche de los lápices” para publicitar el Boleto Educativo Gratuito. En este modelo de endeudamiento público, de negociados y de privatizaciones trasnochadas, no hay lugar para la salud y la educación. Dan cuenta de ello las escuelas que se caen a pedazos y los maestros mal pagos. Tampoco se respetan los derechos humanos cuando no se respeta el derecho a un trabajo digno; menos aún cuando el trabajo en negro es utilizado por las mismas autoridades públicas, ya que incluso es el estado provincial quien utiliza contratos basura. En el sector privado también se viola este derecho, siendo ya una noticia habitual que trabajadores mueran en accidentes de trabajo porque un andamio cedió o porque se desplomó una excavación. Es el Estado quien debe controlar y ser inflexible con las empresas. Sin lugar a dudas la ausencia de políticas serias de género y de protección de la niñez y adolescentes, los transforma en los menos favorecidos del modelo. Tampoco son DD.HH. la política de indiferencia absoluta ante el gravísimo problema de la salud pública de nuestra provincia que lleva adelante el gobernador de la Sota, que trae como consecuencia más de un millón de pobres que hace 6 meses no reciben atención sanitaria por parte del Estado provincial. Los cordobeses tenemos memoria y sabemos quién es de la Sota. Es por eso que este 24 de Marzo marchamos honrando a los 30 mil compañeros desaparecidos, con la lucha cotidiana y con el reclamo permanente de salud, educación, justicia y trabajo para todos y en contra de la persecución de los referentes sociales, políticos y de los que menos tienen. Luchamos por profundizar la democracia que supimos conseguir. Marchamos por los derechos humanos que nos faltan.
Frente Amplio Progresista (FAP): Frente Cívico, Partido Socialista, Libres del Sur, Radicales en el Frente, GEN, Encuentro Cívico, Unidad Popular.
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